No debe sorprender que la Junta de Andalucía haya dado un toque de atención al Gobierno Central ante el cariz que está tomando la negociación del nuevo marco de financiación de las comunidades autónomas. Quedan poco más de tres semanas para que expire el plazo previsto para el cierre de un acuerdo y la Consejería de Economía aún no ha recibido un texto con la propuesta del Ejecutivo de Zapatero. Si a esta carencia se le añade la percepción, ya sea o no acertada, de que la negociación multilateral con las regiones se ha sustituido por las conversaciones bilaterales entre el equipo de Elena Salgado y el del presidente de Cataluña, se comprende que la preocupación sea mayor en el seno de la Junta. Zapatero y Griñán se reunieron en la Moncloa la semana pasada para avanzar en un acuerdo, pero quien está haciendo los números, quien cuadra el sudoku de las finanzas autonómicas es la vicepresidenta tercera del Gobierno. Y lo mismo que los periódicos de Madrid y Barcelona han podido mostrar imágenes de Elena Salgado y el conseller catalán Antonio Castells, a los diarios andaluces les gustaría reflejar la instantánea de Elena Salgado con la consejera de Economía, Carmen Aguayo, tras discutir los términos del nuevo modelo de financiación. No se trata de buscar la escenificación de un acuerdo que aún no está con sumado. Es una cuestión de responsabilidad institucional por lo que hay en juego. La Junta se debe a los ciudadanos de la comunidad y, en este punto en particular, debe velar por el cumplimiento del artículo 175 del Estatuto de Autonomía, en el que se establece que la financión de la región por parte del Estado se regirá por el criterio de la "población real efectiva". Si el Gobierno Central accede a las pretensiones catalanas e introduce otro criterio de asignación como el de la recaudación de cada comunidad a las cuentas del Estado, Andalucía saldrá gravemente perjudicada. Por eso, el aviso lanzado por el Gobierno que preside José Antonio Griñán.
