La Fiscalía ha cerrado la investigación sobre los nombres de los menores que Educación publicó en el BOJA al considerar que, de seguir adelante, el efecto habría sido contraproducente para los críos. La fiscal cree que la Junta vulneró la intimidad de los menores, pero cierra el caso para evitarles a los niños el eco mediático que tendría un juicio.
La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, archivó ayer la investigación sobre la publicación de los nombres de alumnos objetores de Educación para la Ciudadanía (EpC) en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA), porque está convencida de que un juicio suscitaría tal interés en los medios de comunicación que, al final, eso dañaría tanto la intimidad de los niños como el hecho de que sus nombres se hicieran públicos. A pesar de inhibirse en las diligencias, la fiscal da por hecho que Educación era culpable. "En esta resolución se concluye que la Secretaría General Técnica" de la consejería "produjo la lesión del derecho a la intimidad de los menores afectados", dice la nota.
El caso de los menores en el BOJA se saldó con el cese de la persona que había firmado esa resolución, la número tres de la Consejería de Educación, que salió del departamento después de nueve años aduciendo "motivos personales". El portavoz del Gobierno, Enrique Cervera, fue el primero en pedir disculpas públicamente y reconocer que había sido un error y que no volverían a aparecer nombres de niños en el BOJA. La consejera Teresa Jiménez tiene pendiente en el Parlamento una reprobación del PP para explicar este suceso. La Agencia de Protección de Datos también investiga una denuncia de los padres.
La decisión de la fiscal no sentó nada bien, ayer, a la plataforma de padres que hace de Ciudadanía la principal arma contra la Administración educativa, sobre todo a través de las objeciones en los juzgados. Los argumentos de Segarra desarman la polémica de un plumazo y dejan entrever un tono de reproche a los medios y a los padres por el hecho de que su interés en la causa no haya tenido en cuenta precisamente lo que pretendían proteger: la intimidad personal y el derecho al honor de los menores. "Es evidente y previsible la trascendencia que tendría la iniciativa procesal que se analiza, debido al apasionado y tenso debate público sobre la materia, en esta y otras comunidades, de forma que es de prever un impacto no sólo local sino nacional", reza el texto. Segarra decide archivar el caso para alejar a los menores de la polémica -política, mediática y judicial- en torno a la asignatura de EpC. Recuerda también que, de llegar al proceso judicial, "los menores deberían comparecer", y lanza un mensaje a los padres: al evitarles el juicio se preservará de verdad su intimidad, y eso es más importante que la indemnización que podrían lograr en un procedimiento civil. No obstante, la decisión de Segarra no es definitiva, ya que las familias pueden continuar con una acusación particular por su cuenta. El escrito termina recordando que Educación ya ha dado instrucciones para evitar que vuelvan a identificar a niños en el BOJA, por lo que la Fiscalía no obligará a hacerlo.
