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Piden otro fiscal Anticorrupción ante el elevado volumen de casos

Se ha producido un incremento en el volumen de trabajo en los últimos cuatro años, con investigaciones tan voluminosas como el caso ERE.

el 08 ene 2014 / 14:44 h.

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serrara La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, ha reclamado a la Fiscalía General del Estado la creación de una tercera plaza de fiscal delegado de Anticorrupción en Sevilla dado el incremento en el volumen de trabajo que se ha producido en los últimos cuatro años en esta delegación, con investigaciones tan voluminosas como el caso de los ERE. La petición se está tramitando actualmente en la Inspección Fiscal, que es el organismo encargado de la supervisión de la plantilla de la carrera fiscal, según informaron fuentes del Ministerio Público. Segarra considera “necesario” que, de las 14 plazas de fiscal ya aprobadas para toda España, una de ellas se cree en Sevilla a fin de que la provincia pase de dos a tres fiscales delegados de Anticorrupción, dado el “volumen” de trabajo acumulado en los últimos años. Actualmente hay destinados en la provincia de Sevilla 89 fiscales, una plantilla que no se ha visto incrementada desde hace ya cuatro años, según precisó Segarra. De ellos solo dos son delegados de Anticorrupción, Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández. La Fiscalía Anticorrupción es la competente en causas tan voluminosas y complejas como el caso ERE, que desde hace tres años instruye la jueza Mercedes Alaya por el presunto fraude detectado durante una década en ayudas de la Junta destinadas a empresas en crisis. Solo este caso supera ya los 160 imputados –entre ellos una veintena de cargos y exaltos cargos públicos además de la preimputación en la que Alaya apunta a los dos expresidentes de la Junta–, lo que ha dado lugar a maratonianas jornadas de declaraciones (y las que quedan) en las que el fiscal debe estar presente para participar en el interrogatorio, además de un continuo cruce de recursos contra las imputaciones y las medidas cautelares dictadas por la jueza sobre los que también han de pronunciarse las partes, entre ellas el Ministerio Público. Por número de imputados y volumen del sumario –aún sin cerrar puesto que la instrucción continúa– solo el caso Malaya por el desfalco continudo a las arcas del Ayuntamiento de Marbella es comparable, y Málaga cuenta con cuatro fiscales delegados de Anticorrupción. Los dos existentes en Sevilla son también los encargados de las varias piezas que componen el caso Mercasevilla –en el que se investiga un delito societario o un presunto fraude en la venta de suelos de la lonja y ya se juzgó la mordida reclamada a unos empresarios a cambio de concederles la escuela de hostelería–, del que surgió la causa de los ERE fraudulentos y más recientemente la investigación que desembocó en la Operación Madeja, con una decena de imputados por el presunto pago de la empresa Fitonovo al anterior Gobierno municipal a cambio de la adjudicación de contratos públicos que podrían haber continuado con el actual equipo. Además de Alaya, el juez Juan Gutiérrez Casillas instruye una investigación por presuntas irregularidades en las ayudas de la empresa pública de capital riesgo Invercaria donde también está personada Anticorrupción, igualmente parte en la investigación por las supuestas facturas falsas que UGT Andalucía habría cobrado a través de subvenciones públicas.

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