La Fiscalía de Sevilla viene investigando desde hace unos meses el presunto cobro ilegal de dietas por asistencia a juicios por parte de cuatro agentes de la Policía Local. Una investigación en la que ha implicado a todos los juzgados de la ciudad, ya que a todos los ha reclamado los certificados de asistencia de estos agentes en los últimos años.
Fuentes del Ministerio Público confirmaron ayer a este periódico que la investigación la abrió el pasado mes de abril la propia fiscal jefe, María José Segarra. Ella se está haciendo cargo de todas las diligencias, entre las que se encuentra la petición de documentación a todos los juzgados. En un principio, Segarra solicitó a los 20 juzgados de Instrucción de la capital que le enviasen toda la información sobre asistencia a juicios de faltas de los cuatro agentes investigados. Sin embargo, esta petición se generalizó al resto de juzgados de la ciudad, como los penales o la propia Audiencia Provincial. Una información que va llegando "poco a poco" y que está generando una ingente cantidad de documentación por revisar.
Según confirmaron las mismas fuentes, la investigación se abrió en abril de este año tras una denuncia del propio Ayuntamiento que detectó esta irregularidad. Los investigados son cuatro agentes pertenecientes al Grupo Giralda de la Policía Local, que es una unidad de paisano encargada de la vigilancia y seguridad del Casco Antiguo y de los turistas que visitan la ciudad, que podrían haber estado cobrando dietas por asistencia a juicios a los que nunca acudieron. Las pesquisas de Segarra se centran en averiguar si estos agentes cometieron un delito de falsificación de documento para poder cobrar de forma indebida esas dietas.
Estas dietas las recibían los agentes cuando tenían que acudir a un juicio como testigos en días de descanso, pero desde hace unos meses el cobro de las mismas se eliminó y a cambio los policías reciben horas libres. El Ayuntamiento tomó esta medida como una forma de abaratar costes en tiempos de crisis.
Por ahora, la fiscal jefe no ha imputado a ninguna persona, ya que primero debe analizar toda la documentación que le remitan los diferentes juzgados y poder comprobar si la estafa se llevó a cabo realmente y la cuantía de lo cobrado de forma ilegal. Si es así, la Fiscalía remitirá una denuncia a un juzgado para que abra diligencias, en cambio, si considera que no hay pruebas, tendrá que archivar el caso.
Esta investigación no es la única que se está llevando a cabo en el seno de la Policía Local, ya que el Juzgado de Instrucción 8 ha imputado a nueve agentes, de la unidad motorista, y a otras dos personas por el supuesto cobro ilegal de tasas municipales por escoltar a grúas y camiones de gran tonelaje por la ciudad. Este caso, además, se destapó en septiembre de 2009 tras la detención de una agente por tráfico de droga.
