R. Velis
La Fiscalía va a continuar con la práctica de nuevas pruebas después de haber recibido el atestado de la Policía Judicial sobre el caso Mercasevilla. Las diligencias van encaminadas a averiguar si los hechos denunciados por la Consejería de Empleo son constitutivos de delito, lo que podría implicar nuevas declaraciones ante la fiscal jefe.
María José Segarra, la fiscal jefe de Sevilla, ha decidido practicar nuevas diligencias sobre el caso Mercasevilla para esclarecer lo ocurrido, según fuentes del Ministerio Público. La decisión de la fiscal, que desde el principio se ha hecho cargo de la investigación, se produce después de recibir el atestado de la Policía Judicial que se ha encargado de tomar declaraciones, transcribir las grabaciones que dieron origen a la denuncia, además de otras diligencias.
Estas pruebas podrían incluso implicar que se practiquen nuevas declaraciones ante la propia fiscal. Hasta ahora han declarado, a petición de Segarra, ante la Policía Judicial el ex director gerente de Mercasevilla Fernando Mellet y el director adjunto Daniel Ponce, quienes fueron grabados cuando supuestamente solicitaban el pago de 450.000 euros como condición para que el grupo La Raza llevara una escuela de hostelería subvencionada por la Junta de Andalucía. Asimismo, también prestaron su testimonio el delegado de Empleo de la Junta, Antonio Rivas, a quien presuntamente Mellet responsabilizaba del cobro ilegal de las comisiones; una trabajadora de Mercasevilla; y el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, quien aportó toda la información que tenía y las medidas adoptadas por el Gobierno municipal tras conocerse los hechos.
Algunas de estas declaraciones se podrían volver a repetir o bien se tomaría testimonio a otros testigos que podrían arrojar nuevos datos. Otra opción es que la Fiscalía amplíe la investigación que inició sobre otros proyectos y subvenciones tramitadas desde la Fundación Mercasevilla. Estas nuevas pruebas se vendrán a sumar a las que aún sigue practicando la Policía Judicial, según fuentes del caso, que sólo habría entregado a la Fiscalía una parte del atestado.
El caso Mercasevilla se destapó después de que la Consejería de Empleo pusiese en conocimiento de la Fiscalía una grabación en la que supuestamente Mellet y Ponce solicitaban 450.000 euros a La Raza como condición para acceder a una subvención extraordinaria de la Junta de 900.000 euros. Los responsables de Mercasevilla presuntamente solicitaban 150.000 euros para la toma de electricidad y 300.000 que podían ser entregados a la fundación o dejados "olvidados" en un maletín, aludiendo además a que se trataba de una "práctica habitual". De haberse producido estos hechos, al concluir su investigación, la fiscal jefe presentaría una denuncia ante el juzgado de guardia por un delito de cohecho, si no archivaría las diligencias.
Por otro lado, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, defendió ayer la actuación de la Fiscalía de Sevilla en la investigación del caso Mercasevilla, después de que el lunes el portavoz municipal del PP, Juan Ignacio Zoido, cuestionara que el Ministerio Público aún no haya puesto el caso en manos de un juez. García Calderón, que dijo desconocer las declaraciones del portavoz de los populares, afirmó que la Fiscalía de Sevilla "está actuando con toda corrección" y recordó que "los plazos de investigación están tasados en el Estatuto Orgánico y se cumplirán escrupulosamente".
El fiscal superior de Andalucía añadió que "si no se ha trasladado a la autoridad judicial es porque no era el momento procesal oportuno, pero esto no quiere decir nada más" y recordó que la Policía ha tenido conocimiento también de toda la investigación y "ha desarrollado las pesquisas necesarias".
