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La Fiscalía acusa a 334 personas de un fraude a la Seguridad Social

La trama, basada en empresas fantasma para cobrar las prestaciones, estafó unos cinco millones de euros

el 09 oct 2012 / 19:07 h.

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La Fiscalía de Granada ha acusado a un total de 334 personas en el caso que ha investigado el Juzgado de Instrucción número 9 de Granada, enmarcado en la denominada Operación Genil, sobre un posible fraude de prestaciones y subsidios por desempleo a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que ascendería a unos cinco millones de euros.


Los presuntos cabecillas de la trama, basada en un sistema de empresas fantasma para cobrar prestaciones sociales, los empresarios Carlos I.A.N, Juan R.C.C., Angel S.A, se enfrentan, junto con los representantes de otras sociedades, en concreto Rodolfo G.P., Juan C.M.F., Manuel F.R, Jesús R.C., y María Luisa H.S. a un total de 18 años de prisión por seis delitos de fraude de subvenciones y multas de más de 2,6 millones de euros, además de a la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y a obtener beneficios o incentivos fiscales por un periodo de cuatro años, según consta en el escrito de acusación del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press.


Al resto de los acusados, un total de 326 trabajadores contratados de manera presuntamente fraudulenta, le atribuye el Ministerio Público un delito continuado de falsedad en documento oficial, por el que cada uno de ellos se enfrenta a una condena de tres años de prisión y multa de 3.600 euros. De manera alternativa, el fiscal pide para los ocho primeros, por un delito continuado de estafa en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial, seis años de prisión y multa de 18.000 euros, y a los restantes 326 acusados, también alternativamente, tres años de cárcel y multas de 3.600 euros por estafa.


Según la Fiscalía, los ocho principales imputados se pusieron "previamente de acuerdo" y "urdieron un plan directamente encaminado a conseguir de manera fraudulenta y mediante engaño" la obtención de prestaciones y subsidios por desempleo a través de la creación de un entramado de sociedades, en ocasiones mediante personas interpuestas, con la finalidad de defraudar al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Tesorería General de la Seguridad Social a cambio de una cantidad de dinero no determinada que, en cada caso, era entregada por el supuesto trabajador.


Para ello, los acusados tramitaron las altas de los ficticios trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social a través de numerosas sociedades creadas al efecto, mediante la presentación en el INEM de un contrato de trabajo elaborado expresamente para ello aún conociendo que no iban a ser prestados los servicios que en el mismo constaban. El trabajador permanecía de alta durante el tiempo imprescindible para acceder al subsidio o prestación por desempleo. Los acusados presentaban ante el Servicio Público de Empleo Estatal la documentación necesaria para acceder a las prestaciones.

Para conseguirlo, los cabecillas constituyeron y administraron un total de 11 sociedades con distintos domicilios en Granada dedicadas todas ellas "ficticiamente" a la actividad de la construcción.

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