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La Fiscalía acusa a Mas de negarse "abiertamente" a cumplir la resolución del TC

Les acusa de haberse "negado abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución emanada del máximo intérprete de la Constitución".

el 21 nov 2014 / 15:59 h.

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MasLa querella de Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, la  vicepresidenta y la consellera de Enseñanza les acusa de haberse  "negado abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución  emanada del máximo intérprete de la Constitución", al organizar el  proceso participativo pese a la suspensión del Tribunal  Constitucional (TC). Por eso el escrito --firmado por el fiscal superior de Cataluña,  José María Romero de Tejada y presentado este viernes a mediodía en  el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)-- apunta a Artur  Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por desobedecer a la autoridad  judicial, al considerar "manifiesta" su negativa a cumplir la  resolución de suspensión. Además de desobediencia, la Fiscalía pide imputarles por los  presuntos delitos de prevaricación, usurpación de atribuciones  judiciales (contra la división de poderes) y malversación de caudales  públicos. Sobre la presunta desobediencia, insiste en que sabían que la  consulta prevista inicialmente --primero-- y el proceso participativo  --después-- habían sido suspendidos, y alude a estas declaraciones de  Mas: "Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir  los colegios que me miren a mí, el responsable soy yo y mi  gobierno". Aclara que no es necesario que la negativa del Govern a cumplir la  decisión del TC fuese expresa, sino que "esa voluntad puede  deducirse, tanto en comportamientos activos como omisos, expresos o  tácitos". "AUSPICIADA Y FINANCIADA" POR EL GOVERN También recuerda que fue "una consulta planificada, auspiciada y  financiada" por el Govern, que el contenido de la suspensión no  dejaba margen a la duda y que, pese a eso, los tres querellados  participaron en su fomento de manera personal y directa, dice  literalmente. En lo relativo a la posible obstrucción a la justicia o usurpación  de atribuciones judiciales, la Fiscalía argumenta que los querellados  con sus decisiones y participaron en diferentes actos "han obstruido  la vigencia de los mandatos del TC en una parte sustancial del  territorio nacional". Sobre la presunta prevaricación administrativa continuada recuerda  que la Generalitat dio "soporte material y personal al proceso de  participación" y, en concreto, contrató servicios a la empresa de  buzoneo Unipost para hacer llegar una carta a los catalanes  animándolos a participar. También adoptaron decisiones para proceder a la apertura de  locales tanto en colegios públicos como sedes de la Generalitat en el  extranjero y mantuvieron abierta la página web sobre información para  votar, recuerda la Fiscalía. Cree que las decisiones adoptadas por el Govern a partir del 4 de  noviembre "confirman la persistencia de una voluntad de sobreponer la  propia visión partidista de la realidad sobre el deber de ejercer sus  atribuciones administrativas de manera objetiva y conforme a  derecho". "Solo aspiran a hacer prevalecer su voluntad sobre el contenido de  las decisiones que al respecto había adoptado el Tribunal  Constitucional", añade la Fiscalía. Sostiene que las múltiples decisiones adoptadas, como mantener la  página web, la apertura de colegios o contratación de servicios "no  pueden ser reputadas como actos políticos a los efectos de quedar  fuera del ámbito del delito de prevaricación administrativa". En este sentido, cree que el 9N no puede equipararse en su  valoración como la declaración de soberanía que había proclamado el  Parlament, porque ésta no se había producido "violentando una  decisión previa de suspensión adoptada por el Tribunal  Constitucional" y tampoco comportaba una acción concreta posterior. Finalmente, ve un delito de malversación de caudales públicos pues  "se ha incurrido en gasto público para llevar a cabo actuaciones  delictivas en tanto radicalmente opuestas a las resoluciones "del  TC. DILIGENCIAS PEDIDAS En cuanto a las diligencias que la Fiscalía pide practicar al  TSJC, además de citar como imputados a los querellados, solicita que  se ordene aportar copia de todas las resoluciones que los tres  miembros del Govern querellados adoptaron tras la suspensión. También pide que la policía judicial traslade todo el contenido  informático de la página www.participa2014.cat e informe de su fecha  de creación, vigencia, "servidor en el que se encuentra alojada o  persona responsable de su creación y mantenimiento". Pide que la empresa de buzoneo aclare de dónde proceden los datos  usados para enviar la correspondencia y su contrato con la  Generalitat, y a la Conselleria de Presidencia toda la documentación  relativa a las urnas y las papeletas. Además, quiere que la Alta Inspección de Educación y Cataluña  recabe toda la información que pueda sobre las actuaciones de la  Conselleria de Enseñanza en cuanto a reuniones con directores de los  colegios para su cesión para el 9N.

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