Ninguno de los trece juzgados de lo Penal de Sevilla está especializado en violencia de género, lo que ha llevado a la Fiscalía a alertar de la dificultad de controlar la ejecución de las penas y de la lentitud de las medidas de alejamiento. Además, reclama a la Junta más medios tecnológicos para controlar a los agresores.
La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de 28 de diciembre de 2004, establecía que, según el número de asuntos, "deberán especializarse uno o varios juzgados en cada provincia" cuando exista más de uno del mismo tipo. Es el caso de Sevilla, donde hay trece juzgados penales. Sin embargo, casi cuatro años después de que entrara en vigor la ley, "todavía no se ha especializado ninguno".
La Fiscalía de Violencia contra la Mujer advierte, en su memoria de 2007, de que este retraso "dificulta enormemente el control de la ejecución de las penas". Máxime cuando en la ciudad entró en funcionamiento el tercer juzgado especializado en esta materia (las diligencias previas se han duplicado, registrándose 7.847) y, antes de que acabe este año habrá un cuarto y cuando los juzgados penales tiene pendientes de ejecutar 7.105 sentencias, eso sí no sólo de violencia de género.
La memoria apunta también a la falta de "un criterio unitario" entre los trece órganos a la hora de conceder la suspensión de penas en los delitos de malos tratos. Pero, la peor parte se la llevan las órdenes de protección que se dictan en las sentencias a favor de la víctima, pues el Ministerio Público alerta de que "se ha advertido el retraso de los juzgados de lo Penal al ejecutar la pena de alejamiento", más aún cuando la pareja reanuda la convivencia.
Por el contrario, la ley si se ha cumplido en el caso de la Audiencia Provincial, pues desde el año 2006 la Sección Cuarta de lo Penal está especializada , lo que facilita el control del cumplimiento de las penas, al ser la única sala que dicta sentencias en esta materia.
La Fiscalía también echa en falta un sistema informático eficaz y "unificado", en el que se pudiera hacer "constar las penas y las medidas de seguridad acordadas en sentencia a fin de controlar su ejecución". De hecho, explica que para el seguimiento las ejecutorias en materia de violencia de género, desde final de año, están elaborando unas fichas para facilitar dicha tarea.
En cuanto a las medidas de protección, el documento del Ministerio Fiscal apunta a la "inoperatividad" de las mismas por la falta de "mecanismos tecnológicos adecuados". En este sentido, explica que durante 2007 se ha solicitado a los Cuerpos de Seguridad del Estado que "intensifiquen" la vigilancia de alguna víctima con las llamadas pulseras electrónicas.
Sin embargo, "la Fiscalía se han encontrado con la sorpresa de que tales instrumentos tecnológicos, al menos en Andalucía, no existen". Por ello, solicita a las diversas administraciones implicadas en la materia que "para el próximo año se pueda disponer de ellos", más aún cuando sólo en Sevilla hay 1.300 órdenes en vigor.
Asimismo, la Fiscalía pide más presupuesto para elementos tan esenciales como "textos legales", además de plantear la necesidad de aumentar la plantilla del Ministerio Fiscal y la creación de juzgados comarcales exclusivos para violencia de género.
