Aunque reconocen una mayor conciencia política y judicial contra el urbanismo salvaje, los fiscales de medioambiente aún ven escasas las órdenes de derribo y de paralización de obras. Y alertan de que los dueños de casas ilegales se están convirtiendo en lobbies de poder que logran imponer su línea en la política urbanística.
Los delitos contra la ordenación del territorio y urbanísticos concentraron de nuevo el año pasado la mayoría de las diligencias incoadas por la red de fiscales de medio ambiente -1.436 de las que 679 terminaron en denuncia o querella-. Y en su memoria, el Ministerio Público reconoce que cada vez es mayor la colaboración de las administraciones públicas en la persecución de estos delitos, con un incremento en el número de denuncias presentadas por los propios ayuntamientos y delegaciones provinciales de la Junta.
Sin embargo, alerta de que "con ocasión de los denominados procesos de regularización de viviendas ilegales, aunque no sólo en tales casos, los autores de construcciones ilegales constituidos en asociaciones se convierten en auténticos lobbies o grupos de poder que tratan de imponer la línea a seguir a los ayuntamientos en el ejercicio de la disciplina urbanística". En concreto, la Fiscalía de Cádiz -la que más procesos abrió por esos delitos el año pasado, con 628- denuncia que esos grupos "no sólo exigen la legalización de sus edificaciones, muchas de ellas incursas en procedimientos penales, sino que además tratan de que todo lo que supone la ejecución de infraestructuras, dotaciones y servicios públicos" se financie con "fondos públicos". "Organizan manifestaciones en las que se reivindica la inobservancia de la legalidad urbanística, exigen su presencia en las juntas locales de seguridad y, ante la pasividad del resto de los ciudadanos, acaban en muchas ocasiones imponiendo sus planteamientos", lamenta.
En cuanto a la persecución jurídica de los delitos urbanísticos, la Fiscalía ve aún escasas las paralizaciones cautelares de obras bajo sospechas y las condenas que implican el derribo de las construcciones ilegales, una condición sin la que a su juicio no se restituye la legalidad vigente ni las sentencias cumplen su objetivo disciplinario y ejemplarizante.
Así, la Fiscalía de Huelva señala haber optado por solicitar medidas cautelares y completar la investigación ya en vía judicial en vez de esperar a tramitar las diligencias de investigación porque "la experiencia dicta que se agota el plazo de seis meses" sin poder paralizar las obras "que avanzan con enorme rapidez". La de Almería alerta de que cuando los juzgados de instrucción dictan la paralización "en algunos casos, al notificar la resolución, la edificación estaba prácticamente concluida".
También critican los fiscales de Medio Ambiente que las condenas que incluyen derribos son aún minoritarias y en muchos casos o no son confirmadas en los recursos ante las Audiencias provinciales o se aplican excepciones contrarias al criterio fiscal.
los derribos se dilatan. El Ministerio Público en Cádiz rechaza que se exima de la demolición alegando que existe un núcleo de población porque puede dar pie a que éstos crezcan sin límite y porque quedan impunes los casos en los que conociendo la ilegalidad, la urbanización continuó.
La Fiscalía de Cádiz también señala que al ejecutar los derribos "son muchos los incidentes que se plantean", ya que es "absolutamente excepcional" que los condenados procedan a ello y "con demasiada frecuencia los ayuntamientos a los que se les ordena en auxilio judicial la ejecución plantean problemas". Por ello solicitan al fiscal de sala coordinador o a la Fiscalía General del Estado "criterios" que garanticen "la unidad de actuación en la ejecución de las demoliciones". "Lo que había de ser una medida de rápida ejecución la práctica viene evidenciando que se dilata en exceso".
