El fenómeno de la violencia escolar entre alumnos o hacia maestros ha provocado en los últimos años un aumento de la alarma social, además de situarse en el foco mediático. La administración educativa endureció las normas disciplinarias mediante el decreto de convivencia escolar de enero de 2007 y los Reglamentos de Centros aprobados el año pasado. Ambos catalogan las faltas de disciplina por su gravedad y sus correspondientes sanciones. Las leves se pueden castigar con hasta tres días de expulsión y las graves con hasta un mes, el cambio de grupo o de centro. El curso pasado, según datos del Observatorio por la Convivencia Escolar, se impusieron 244.000 medidas correctoras a alumnos andaluces. El 2% fue por agresiones y vejaciones graves, y en el 78% de esos casos se optó por expulsiones temporales.
La Fiscalía alerta, en su memoria anual, de la contrapartida de la ley. Los niños sin interés por ir a clase "provocan su expulsión de manera reiterada y, consecuentemente, pasan la mayor parte del año sin asistir a clase". Así lo "confiesan espontáneamente" ellos mismos cuando acuden a las comparecencias semanales ante el fiscal de menores, obligatorias en los casos de expulsiones de más de tres días.
El problema es que los niños que inciden en esta conducta "entran en una espiral difícil de detener, por cuanto la falta de asistencia al colegio durante tales periodos les hace difícil, por no decir imposible, retomar las clases en los periodos en los que se reincorporan". La Fiscalía de Almería alerta del aumento de menores reincidentes en sus "comportamientos disruptivos" en el aula así como del "preocupante incremento" de niños con "conductas especialmente agresivas o violentas". La de Sevilla llama la atención sobre "el fracaso escolar tan agudizado en chicos de 13, 14 y 15 años, sin posibilidad de adaptación al curso escolar del año en el que se detecta el absentismo y en los años venideros".
La memoria fiscal subraya además la "situación desesperada" de muchos padres, cuando ambos trabajan y son "incapaces de controlar a sus hijos durante esos periodos de expulsión".
La preocupación de la Fiscalía por el absentismo escolar no es nueva, por lo que, en colaboración con la Consejería de Educación, ha elaborado un protocolo de actuación para unificar criterios de actuación, al igual que para otros aspectos escolares como las agresiones a docentes -para que se califiquen de atentado a la autoridad- o la inclusión de la educación vial en la enseñanza reglada.
La Fiscalía interviene cuando el absentismo persiste pese a la actuación de los Servicios Sociales y del centro. Tras citar a alumnos y padres para recordarles su obligación, si la familia no se implica, insta a la Delegación de Educación a imponer una multa aplicando la Ley Autonómica sobre Derechos del Niño. Pero la memoria indica que no hay constancia de ninguna "pese a que se les ha requerido en múltiples ocasiones para que informen al respecto". El absentismo es punible cuando las faltas sin justificar superan el 25% de las clases al mes.
Ante casos "especialmente graves, en los que se detecta dejadez o falta de responsabilidad de los padres", y todo lo anterior falla, puede denunciar de los padres por un delito contra los deberes familiares, si bien reconoce que la mayoría se archivan. En 2010 se presentaron al menos 48.
