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La Fiscalía alerta del aumento de delitos crueles en chicos de "clase acomodada"

El ministerio público pide regular la aparición de jóvenes implicados en procedimientos penales en los medios de comunicación.

el 11 jun 2010 / 20:47 h.

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El Fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón.
La memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía revela que, cuantitativamente, su actividad -directamente relacionada con la evolución de la criminalidad- no ha experimentado un importante crecimiento (sólo un 1,43% más) hasta superar, como el año pasado, el millón de diligencias incoadas. Otra cosa es lo que ocurre a nivel cualitativo y en esto, el ministerio público refleja en su memoria anual, presentada ayer por Jesús García Calderón, una especial preocupación por las conductas delictivas de menores que, si bien tampoco han crecido en exceso, han incluido casos de especial "crueldad", algunos tan conocidos por la opinión público como el asesinato de Marta del Castillo con un menor entre los imputados.

 

No es el único. Sólo en Sevilla se tramitaron nueve causas de homicidios con menores implicados y en Algeciras (Cádiz) dos asesinatos y dos homicidios en grado de tentativa, además de las 1.976 diligencias incoadas por lesiones (391 más que en 2008), que "siguen siendo las infracciones penales que más frecuentemente cometen los menores", por delante de los hurtos y robos.

En contra del estereotipo del joven delincuente marginal, "las Fiscalías de Menores coinciden en la apreciación de que este tipo de infracciones es cada vez más frecuente en menores pertenecientes a clases acomodadas", y subrayan que en el caso de las agresiones físicas con frecuencia se producen en el ámbito familiar. La memoria dibuja incluso un perfil del menor maltratador:"egocéntricos, con falta de habilidades sociales, con abundante fracaso escolar, materialistas, que no acatan normas y en no pocas ocasiones herederos de la violencia física o psíquica vivida en el ámbito familiar". Además alertan de que este tipo de conductas tienden a igualarse en ambos sexos y empiezan a verse en niños adoptados.

El Ministerio Público señala que estas situaciones se prolongan en el tiempo y sólo son denunciados cuando la convivencia "resulta del todo imposible" y los padres acuden al fiscal "exigiendo una respuesta inmediata" que suele traducirse en la adopción de medidas cautelares o la celebración de juicios rápidos.

La Fiscalía apuesta por actuar "no sólo en el menor sino también en la familia" con programas de mediación con los que se comprometan ambas partes para "reestablecer las relaciones" y buscar soluciones extrajudiciales. Cuando es preciso derivar al infractor al sistema de protección o dispositivos de salud mental, destacan el éxito de los pisos de convivencia y la libertad vigilancia con sometimiento a programas de intervención familiar.

Además de la conmoción social, el caso Marta del Castillo, también provocó una intervención de la Fiscalía de Sevilla contra la aparición de menores relacionadas con la víctima y los imputados en las televisiones con consentimiento de los padres y el tratamiento informativo de imágenes personales de los implicados. En su memoria, la Fiscalía Superior reclama la necesidad de evitar que ocurra de nuevo con una normativa sancionadora "suficiente" en el ámbito administrativo y audiovisual que complemente la Ley del Menor y que regule la aparición en televisión de menores implicados en procedimientos penales. La ley prohíbe mostrar su rostro pero la Fiscalía crítica la "escasa regulación jurídica" sobre la difusión de sus declaraciones o de otros sobre ellos que puedan atentar contra su imagen y honor, incluso con consentimiento de los padres que, recuerda, debe ser siempre escrito y "nunca será válido el consentimiento tácito, ni siquiera ante actos tan concluyente como coger en brazos a un menor mientras que su padre, torero, da la vuelta al ruedo".

Un año más, la memoria alude a las agresiones o humillaciones grabadas y distribuidas por internet o móviles, con "cierto descenso" por el mayor control y la "implicación institucional", y a la violencia en las aulas, donde alertan de extender la calificación de atentado a la autoridad además de a médicos y docentes a los trabajadores sociales.

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