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La Fiscalía alerta del daño en la credibilidad judicial

el 15 sep 2009 / 15:57 h.

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"El Ministerio Fiscal, Señor, respira con ganas". El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se dirigió así al Rey en el acto de apertura del Año Judicial. Los retrasos administrativos y el bloqueo de la renovación de la Justicia la han dejado "dañada". Al abrirse las puertas del curso, dijo, "saldrá aire nuevo".

"A treinta años vista de la Constitución", "comienzan a soplar vientos favorables para una revisión en profundidad" del sistema de Justicia y, más concretamente, del régimen legal del proceso penal español. De ahí que Conde-Pumpido se dirigiese, en primer lugar, a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, que ha estado bloqueado durante dos años por disputas entre el Gobierno y la oposición. Acto seguido pasó a mencionar los últimos atentados de ETA, a la ilegalización por el Tribunal Supremo de ANV y del PCTV, y a reiterar que "los terroristas acaban en la cárcel", en lo que quizás sea el único mensaje que perdure en el nuevo Año Judicial. "Hemos logrado finalmente extirpar con las tenazas del Derecho esos dos tumores de etiología violenta", apostilló.

Abundando en su discurso, recordó el denominado caso Ekin, que tras 17 meses de juicio culminó con la condena por la Audiencia Nacional de "uno de los entramados más determinantes en las tareas de apoyo y cobertura a ETA", un hito en la acusación de la Fiscalía.

Ya entre febrero y julio de 2007, prosiguió, tuvo lugar "el proceso más importante" contra "los viles artífices de la inhumana atrocidad de Atocha"-en referencia al juicio por los atentados del 11-M en Madrid- y que ha supuesto un "rotundo triunfo del Estado de Derecho". El fiscal general del Estado también insistió en apostar por un decidido protagonismo del Ministerio Público en la investigación penal y en potenciar su actuación en la instrucción judicial.

En la misma línea, Carlos Dívar, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, indicó que todo juez que viole el deber de independencia o el sometimiento al imperio de la Ley o cause daños en el ejercicio de la jurisdicción habrá de responder conforme a Derecho y asumir la sanción penal, administrativa o la obligación de resarcimiento.

Sus palabras toman mayor protagonismo, si cabe, a raíz de otro polémico fallo adoptado hace unas semanas: la multa de 1.500 euros impuesta al juez Tirado contra la que la Fiscalía General del Estado arremetió para pedir tres años de inhabilitación. Tras ello, subrayó que la función jurisdiccional "no es acción política", sino "estatal". Y también se marcó como meta una Justicia "moderna y abierta", atenta con el ciudadano y "protectora de los más débiles".

Así, señaló que uno de los primeros retos en el que trabajará la institución será implantar el nuevo modelo de Oficina Judicial, diseñado en la Ley Orgánica del Poder Judicial en su reforma de hace cinco años, pero pendiente aún de desarrollo.

La memoria. Respecto a la Memoria de la institución que dirige correspondiente al año pasado, Conde-Pumpido destacó que hay determinados tipos de delitos que no son nuevos ni han aumentado en volumen y que, sin embargo, en los últimos tiempos han obtenido una respuesta judicial "con una intensidad absolutamente inusitada en el pasado", como ocurre en los procesos por muerte en accidentes laborales. Eso sí, el número de delitos que originó procedimientos penales en 2007 se incrementó un 2,81% respecto al año anterior, un aumento inferior al registrado en los tres años precedentes. El dato se interpreta entonces como una ralentización en la delincuencia. Ahora bien, más de la mitad de las infracciones recaen sobre el patrimonio y el orden socioeconómico.

Además, 1.446 personas están en prisión por delitos contra la seguridad vial en España. Así, la memoria acusa la "gran incidencia en el número de penas de trabajos en beneficio de la comunidad a ejecutar" tras la reforma Penal.

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