La Fiscalía Anticorrupción ha designado al fiscal Manuel Fernández Guerra para que, junto al también fiscal Juan Enrique Egocheaga, participe en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla sobre la posible trama de prejubilaciones fraudulentas detectada en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) consumados por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, investiga como es sabido esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años para la reestructuración de empresas en crisis. Y es que con la citada fórmula, según la investigación, los libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.
Las subvenciones e incentivos otorgados mediante este método, ni siquiera publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez Mercedes Alaya un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancias administrativas" en los expedientes de regulación de empleo promovidos por al menos una treintena de empresas andaluzas con cargo a este fondo de 647.869.157,45 euros.
