La jueza Alaya.
La Fiscalía Anticorrupción ha remitido hoy un escrito a la juez instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, para que requiera a los sindicatos o empresas vinculadas a los mismos justificación documental de los servicios a los que se corresponden los pagos recibidos por las aseguradoras y despachos jurídicos que actuaron como mediadores en la tramitación de las pólizas bajo sospecha.
La Fiscalía señala que dado que en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incluidos en el sumario se recoge que tanto las mediadoras como los despachos de asesores que han intervenido en la tramitación de las ayudas sociolaborales han realizado pagos a sindicatos y empresas vinculados a los mismos y con con el objeto de avanzar la investigación sobre la justificación de dichos pagos, las personas y entidades que se hayan beneficiado de ellos, se oficia a la UCO para que aporte relación de las entidades y empresas perceptores de dichas cantidades, se remita dicha relación a la Agencia Tributaria para que ésta compruebe en sus bases de datos las operaciones entre las aseguradores y todas aquellas sociedades o asociaciones que han sido beneficiarias de ayudas socialaborales y ayudas a empresa y se requiera a éstas justificación documental de los servicios que se corresponden dichos pagos, de forma detallada, factura a factura, contrato, con indicación de los trabajos (duración, lugar, periodo
) y personal empleado.
La petición del Ministerio Público llega tras conocerse al levantarse el secreto de sumario que la Guardia Civil atribuye a las aseguradoras Vitalia y Uniter y el despacho Estudios Jurídicos Villasís, principales tramitadores de los ERE subvencionados con fondos de la Junta y en los que se han hallado falsos prejubilados y supuestas sobrecomisiones cobradas por éstas, el reparto de 7,2 millones de euros procedentes de dichas sobrecomisiones entre otros agentes que intervinieron en el proceso, entre ellos los sindicatos UGT y CCOO a través de federaciones sectoriales o compañías de correaje vinculadas a éstos. El sumario también incluye declaraciones realizadas a la Guardia Civil por dirigentes sindicales como el actual secretario general de UGT Cádiz, Salvador Mera, reconociendo haber pedido a las aseguradoras pagos por los gastos desembolsados por los sindicatos en movilizaciones y asambleas de trabajadores durante la resolución del conflicto laboral que desembocó en el ERE. Directivos de Vitalia y Uniter también han declarado ante la UCO y ante la jueza Alaya haber realizado pagos a los sindicatos por tareas de asesoramiento que a veces se limitaban, según la magistrada, a la mera toma de datos de los empleados afectados por los ERE.
En su escrito, la Fiscalía también pide a la jueza que ordene a la Guardia Civil recabar datos sobre las distintas cuentas bancarias abiertas en la misma entidad utilizadas por varios imputados para realizar pagos y cobros vinculados al conseguidor Juan Lanzas, uno de los principales imputados en el caso y actualmente en prisión, y el bufete Estudio Jurídicos Villasís para el que Lanzas trabajó y cuyos responsables también están imputados. Según el Ministerio Público, estas operaciones bancarias no debieron pasar inadvertidas para los directivos de la entidad por lo que pide a Alaya que les reclame la relación de la persona o personas que desempeñaron el puesto de director e interventor en las sucursales de las cuentas utilizadas por los imputados y requiera al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblanc) que informe sobre denuncias, reportes y cualquier actuación de las que haya tenido conocimiento en relación a dichas cuentas.
La Fiscalía alerta sobre la necesidad de avanzar en la instrucción de los expedientes de ayudas a empresas y ayudas sociolaborales evitando que prescriba la posible responsabilidad penal de los presuntos implicados estén o no imputados a la fecha, ya que en alguno de ellos sería necesario ampliar la imputación. El Ministerio Público también reclama celeridad a Alaya, a la que junto a diligencias nuevas reitera otras ya solicitadas anteriormente, con el fin de permitir el mayor reintegro posible de fondos públicos incidiariamente malversados ante el distinto alcance de los procedimientos administrativos de reintrego iniciados por la Junta y las medidas cautelares reales que se vienen adoptando en las presentes actuaciones. En su escrito, y ante la ingente cantidad de documentación pendiente de estudiar así como el trabajo que ya viene acumulando en la instrucción de la presente causa, la Fiscalía pide a Alaya que reclame la ampliación de los recursos humanos y materiales que permitan un avance ordenado y sistemático de la presente causa y que puedan dar cumplimiento en un plazo razonable a las diligencias que ya han sido acordadas.
