El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, recordó ayer que la Fiscalía, en principio, no aprecia que exista un hecho delictivo que permita justificar la acusación contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que tiene dos causas abiertas en el Tribunal Supremo (TS) -la investigación de los crímenes en el franquismo y las becas para sus estudios en Nueva York- y que podría ser apartado de la carrera judicial.
El dictamen se hará de acuerdo con las normas que hasta la fecha se han seguido, pero tendrá que ser la Fiscalía del Supremo la que lo estudie", añadió Conde-Pumpido en referencia al informe que le solicitó el martes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en el que deberá pronunciarse a favor o en contra de la suspensión cautelar de Garzón.
Aunque el fiscal general del Estado no quiso anticipar nada sobre el sentido del citado informe, la Fiscalía previsiblemente no apoyará la suspensión provisional de Garzón, ya que la postura mantenida hasta ahora por el Ministerio Público es que el juez no ha cometido delito de prevaricación en ninguno de los dos casos. "La Fiscalía emitirá el informe cuando proceda, pero como saben, la Fiscalía no apoya las acusaciones contra Garzón", recordó el fiscal general.
El CGPJ acordó el pasado martes preguntar al fiscal sobre la procedencia de la citada medida, después de que el Supremo rechazara archivar la causa contra él por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo e iniciara otra por los cobros recibidos durante su estancia en Nueva York, petición que, según Conde-Pumpido, todavía no se ha recibido en la Fiscalía. "Habrá que estudiar la petición y emitir el dictamen que proceda en Derecho, que lógicamente no puedo anticipar".
El juez se defiende. Mientras tanto, el juez Baltasar Garzón ha recurrido ya la decisión del TS y considera insostenibles, incomprensibles y sin fundamento jurídico los argumentos del auto en el que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela rechazó archivar la causa abierta contra él por investigar los crímenes del franquismo. El recurso de su abogado, Gonzalo Martínez-Fresneda alega que dicho auto "resulta insostenible en su valoración de los hechos, infundado en la aplicación del Derecho material y sinceramente incomprensible en la aplicación del Derecho procesal".
El letrado solicita nuevas diligencias, entre ellas la declaración de personalidades jurídicas y expertos internacionales que han intervenido en asuntos de crímenes contra la humanidad. Entre ellos destacan la ex fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte y el magistrado argentino Eugenio Raúl Zaffaronni, uno de los jueces que declaró la nulidad e inconstitucionalidad de la Ley de Punto Final que impedía juzgar a los represores del país suramericano.
