La Fiscalía considera a estos jueces "contaminados" por haber intervenido en varios momentos de la instrucción, pero no cree que deba presumirse que tienen un interés directo en la causa, ya que su actuación procesal "aparece como irreprochable". Los recusados son el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Saavedra Ruiz, y los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Giménez García, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo. Garzón alegó que su intervención en varios momentos de la instrucción los inhabilita para juzgarle con la suficiente imparcialidad, y les acusó también de tener intereses espurios.
En un escrito de 11 páginas remitido ayer al Tribunal Supremo, el fiscal Luis Navajas apoyó el primero de los motivos y destacó las "innegables similitudes" de este procedimiento con el caso Liaño.
Así, recordó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España a indemnizar al ex juez Javier Gómez de Liaño -que fue condenado por un delito de prevaricación- con 5.000 euros en concepto de "daños morales" debido a que los magistrados que le juzgaron habían intervenido anteriormente en numerosos actos de instrucción del caso.
Ello supuso una violación del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. "Este asunto presenta una considerable proximidad y similitud con el que ahora nos ocupa", advirtió el fiscal Navajas, que añadió en su escrito que en el caso Liaño tres de los magistrados que le juzgaron formaron la sala del mismo tribunal que admitió la querella contra él y desestimaron los recursos que el exjuez interpuso. Lo mismo ha ocurrido en el caso de Garzón.
En el caso de Garzón, los cinco magistrados recusados intervinieron en la instrucción de la causa admitiendo a trámite la primera querella contra el juez realizando diligencias previas de instrucción antes de decidir la admisión a trámite de la misma; firmaron resoluciones denegando de plano la personación de las víctimas de los crímenes franquistas y se negaron a resolver sus diversas peticiones, entre otras actuaciones, según acreditó la defensa del juez suspendido de la Audiencia Nacional.
La Fiscalía rechaza, sin embargo, que se de el motivo de recusación previsto en el artículo 219.10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sobre interés directo de los magistrados recusados. "Esta segunda causa de recusación debe rechazarse de plano por el Ministerio Fiscal, pues no es sólo que no podamos presumir la falta de imparcialidad subjetiva en la sala recusada sino que toda su actuación procesal aparece como irreprochable".
El pasado viernes, la Sala de lo Penal del Supremo acordó paralizar la tramitación de esta causa para tramitar las recusaciones presentadas por la defensa del juez Garzón.
