La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) ha archivado la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, al no encontrar indicios de tráfico de influencias ni de prevaricación en la ratificación de una subvención a la empresa en la que trabajaba su hija cuando era presidente de la Junta de Andalucía. La Fiscalía Superior andaluza remitió a la del Supremo la denuncia al ser el denunciado aforado.
En su denuncia, Manos Limpias acusaba el ex presidente de la Junta de Andalucía de cometer un supuesto delito de tráfico de influencias por participar en el Consejo de Gobierno que ratificó la concesión de una subvención de diez millones de euros a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), de la que su hija Paula era apoderada. Chaves firmó el documento de ratificación en calidad de presidente de la Junta.
Tras examinar la documentación de la tramitación administrativa de las subvenciones a Matsa, el teniente fiscal del Supremo, Juan José Martín-Casallo, dictó el pasado 24 de julio un decreto por el que establece el archivo de las actuaciones, según informó ayer la Fiscalía General del Estado.
En el decreto acuerda el archivo de las diligencias al no encontrar indicios de tráfico de influencias en la actuación de Chaves puesto que "en dicha tramitación nunca actuó influyendo sobre un tercero, funcionario público o autoridad".
Igualmente, señala que tampoco aparecen elementos típicos del delito de prevaricación, ya que "se cumplieron todos los trámites legalmente establecidos para dictar la resolución".
Además, "en todo caso -según el fiscal del Supremo- el acuerdo de la Junta de Andalucía no fue para conceder el incentivo, sino para ratificar una concesión anteriormente aprobada por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa".
Además de esta denuncia ahora archivada, el PP también ha presentado en el Tribunal Supremo una querella contra Chaves por los mismos hechos.
En un comunicado, la Junta manifestó ayer su satisfacción por la decisión de la Fiscalía del Supremo que "corrobora la legalidad y transparencia con la que en todo momento ha actuado el Gobierno andaluz en la tramitación de esta ayuda".
