Los ayuntamientos de la provincia tienen en la contaminación acústica una asignatura pendiente. Así lo revela la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico en su memoria anual, en la que critica la escasa actuación de estas administraciones para acabar con el ruido que sufren muchos vecinos. "No se entiende cómo sigue sin llegar a la Fiscalía -y que se sepa, tampoco a los juzgados- prácticamente ninguna denuncia por iniciativa de los ayuntamientos", lamenta el fiscal delegado en Sevilla, Javier Rufino.
Según el Ministerio Público, el año pasado se iniciaron 16 procedimientos penales por contaminación acústica entre los juzgados y la Fiscalía, "pero ninguno de ellos a instancia de la Administración local", pese a que "originariamente es la encargada de las inspecciones, controles y ejercicio de la potestad sancionadora". Pero, además de esta falta de iniciativa, Rufino critica la falta de conciencia con el problema que sufren los afectados por el ruido, centrándose únicamente en los requerimientos a los responsables. "Parece preocupar más el hecho de la desobediencia a los requerimientos inefectivos de la autoridad, que el daño o peligro que los ruidos excesivos producen a la salud de las personas", señala el fiscal.
Así, según la memoria sólo "parece perseguirse la actividad irregular, cuando materialmente no se adoptan medidas correctoras que protejan a los vecinos que soportan la inmisión excesiva de ruidos en sus viviendas". En este sentido, explica que desde la Fiscalía se ofició a los diferentes ayuntamientos para que informasen sobre la situación de los diferentes denunciados y de si tienen la correspondiente licencia, si le constan denuncias anteriores por ruidos excesivos o si se han llevado a cabo las correspondientes mediciones. Unos trámites que hacen que se demore la investigación judicial. Así, el fiscal recuerda que se ha actuado por contaminación acústica en varios negocios de hostelería de Dos Hermanas o Sevilla, destacando la denuncia que presentaron los vecinos de San Juan de Aznalfarache por el ruido causado por el Metro en el tramo que discurre en superficie. Una denuncia que acabó archivándose por "no demostrarse el peligro grave para la salud de las personas y ser inevitables los ruidos".
La Fiscalía también critica la falta de colaboración municipal a la hora de ejecutar las sentencias por delitos medioambientales o urbanísticos, especialmente en los casos que implican el derribo de la construcción. "A veces se dictan resoluciones municipales adoptando sanciones y medidas cautelares que luego no se ejecutan, con lo que la respuesta práctica no existe", señala al respecto la Memoria. "Sigue siendo escaso el nivel de colaboración de algunos ayuntamientos concretos, pues en cuanto a infracciones penales, de muchos de ellos no se tiene noticia si no es por la comunicación realizada por las fuerzas policiales". Es más, en algunas localidades, cuando se ha actuado por "edificaciones masivas" con varios afectados "se intenta minimizar la relevancia de las investigaciones penales regularizando la situación" a través de un cambio en los planes urbanísticos. Cambio que luego es utilizado por las defensas de los denunciados "para hacer creer que la legalización de las construcciones ilegales es inminente". Y esto cuando, según los datos de la Fiscalía, "las edificaciones en parcelaciones ilegales siguen proliferando", pese a las continuas sentencias que están condenando a los propietarios a derribar las construcciones.
La Fiscalía, en cambio, sí alaba el trabajo llevado a cabo por las diferentes fuerzas policiales, en especial el Seprona y la Policía Autonómica. De hecho, el grueso de las diligencias iniciadas por el Ministerio Público el año pasado (147 de las 183) fueron gracias "a la iniciativa policial", por lo que asegura que es "fácil concluir la importancia que tiene ese buen hacer en el resultado del trabajo desarrollado por la Fiscalía". Además, destaca que en 2010 los agentes "han mejorado si cabe el nivel técnico" de sus investigaciones.
No obstante, Rufino tampoco está satisfecho con el trabajo llevado a cabo por las administraciones en materia de patrimonio. "En 2010 todos los asuntos parten de iniciativas de asociaciones ciudadanas que ponen en conocimiento de la Fiscalía la existencia de posible expolios", revela en la memoria anual.
