El Área de Delitos Económicos de la Fiscalía de Málaga ha archivado las diligencias de investigación iniciadas por presuntas irregularidades en las solicitudes de subvenciones europeas al empleo, al no haberse encontrado indicios de delito, según confirmaron fuentes fiscales.
El Ministerio Público malagueño abrió una investigación por el supuesto fraude que la Guardia Civil destapó en las ayudas para la conversión de empleos temporales en indefinidos y contrataciones. Fue la Fiscalía Superior de Andalucía la que remitió la documentación a las ocho fiscalías provinciales, pidiéndoles que desgranaran los procedimientos de pago y cobro por si efectivamente había un fraude masivo. El Ministerio Fiscal de Málaga ha sido el primero en concluir las pesquisas, sin haber encontrado indicios de delito.
La investigación se inició por presuntos delitos de falsedad y se centró en cuatro casos de pequeñas y medianas empresas malagueñas que supuestamente habían tramitado ayudas para contrataciones que, según los datos de la Seguridad Social, nunca llegaron a realizarse. Dentro de las diligencias incoadas se solicitaron informes a la Guardia Civil, cuerpo encargado inicialmente de la investigación, y se tomó declaración a estos empresarios y a los trabajadores. Tras realizarse estas diligencias se comprobó que en algunos casos los empleados siguen trabajando, mientras que en otros, aunque fueron despedidos, las subvenciones fueron devueltas, por lo que de inmediato se acordó el archivo de la investigación.
El caso del supuesto fraude andaluz al Fondo Social Europeo, que la oficina antifraude de la Comisión Europea calificó de "mayor riesgo financiero", salió a la luz a raíz de una denuncia de la Guardia Civil. La Consejería de Empleo abrió su propia investigación a partir de dicha denuncia, revisando todas las ayudas concedidas desde 2003 a 2010. Durante ese periodo, la Junta concedió -de los fondos europeos- 136 millones de euros para contratar o hacer indefinidos a 59.240 trabajadores. El mes pasado, el consejero de Empleo, Manuel Recio, presentó los primeros datos de su investigación interna: se habían revisado entonces el 25% de los expedientes (que afectaban a 15.000 trabajadores) y se detectaron "incumplimientos" en 3.790 casos.
En la mayoría de ellos, la empresa había despedido al trabajador antes de los cuatro años a los que estaba obligada a mantenerlo tras recibir las subvenciones europeas. Recio no lo atribuyó a la "voluntad de fraude", sino a la coyuntura de la crisis, que obligó a muchas pequeñas y medianas empresas a prescindir de algunos empleados. Empleo obligará a reintegrar las ayudas. Queda por mirar el 75% de expedientes. En paralelo, las ocho fiscalías investigan el fraude de 23 millones en 5.800 empresas.
