La Fiscalía de Sevilla alerta sobre "cierta ralentización" en el caso ERE

La Fiscalía de Sevilla manifiesta su "preocupación por la agilización" de la instrucción.

el 16 sep 2013 / 18:43 h.

Alaya La Fiscalía Provincial de Sevilla ha advertido de una "cierta ralentización" en la instrucción del caso de los ERE, a cargo de la  juez Mercedes Alaya, y ha manifestado su "preocupación" por la  "agilización" de la misma, según recoge la Memoria Anual de la  Fiscalía Superior de Andalucía, correspondiente a 2012. En la memoria, a la que ha tenido acceso Europa Press, se señala  que la fiscal jefe provincial, María José Segarra, hace mención a esa  "ralentización" que se debe a "causas muy diversas" y, concretamente,  apunta que sigue vigente el secreto al haberse prorrogado, mediante  un auto el pasado mes de diciembre, pero ya solo de forma parcial a  instancias de la Fiscalía. La Fiscalía Superior indica que se ha solicitado que se impulse  "de manera decidida" el trámite del resto de las actuaciones  pendientes al detectarse cierta "paralización", así como la falta de  respuesta a peticiones y recursos presentados por las demás partes. Además, en el informe, el fiscal superior valora de forma  explícita el "enorme y discreto" esfuerzo realizado por los Fiscales  Delegados de la Fiscalía Anticorrupción y la Sección de Delitos  Económicos de la Fiscalía Provincial de Sevilla. En esa línea, pone de manifiesto que esa dedicación resulta  "imprescindible y completamente necesaria" para articular, en su día,  la exigencia de responsabilidad que corresponda ante los órganos  jurisdiccionales que resulten competentes. El Ministerio Público hace una recopilación del caso, procedente  de Mercasevilla, una causa en la que, tal y como recuerda, la Policía  Judicial observó la existencia de indicios de fraude en el Expediente  de Regulación de Empleo aprobado para Mercasevilla en los años 2003 y  2007, fraude derivado de la introducción entre los beneficiarios de  las ayudas públicas de personas ajenas a la empresa, los llamados  intrusos, que la policía también detecta en expedientes de otras  empresas andaluzas que han recibido ayudas públicas de la Junta de  Andalucía. MERCASEVILLA Incoadas las diligencias previas para Mercasevilla y, por otro  lado, para las restantes empresas detectadas, al "generalizarse" el  fraude y detectarse que el mismo proviene de la propia Junta de  Andalucía en la concesión de las ayudas a empresas en crisis, Alaya  -recuerda la memoria-- decidió acumularlas. En el relato de los acontecimientos prosigue señalando que la  línea de investigación se dirige no solo la detección de intrusos,  sino también al examen del propio mecanismo de otorgamiento de las  ayudas desde la Dirección General de Empleo, al hacerse con "total  omisión" de los trámites administrativos propios de las subvenciones,  "impidiendo cualquier tipo de control, seguimiento, justificación de  la ayuda o fiscalización del gasto". Asimismo, recuerda que están personadas como acusación particular  la propia Junta de Andalucía y como acusaciones populares, el  sindicato Manos Limpias, el Partido Popular, los sindicatos UGT, CSIF  y SAFJA. A cierre de 2012, había más de 60 personas imputadas, entre ellas  parte de los intrusos detectados en diferentes empresas pero, tal y  como señala la fiscal jefe, la determinación del número e identidad  de los imputados está abierta, "dado el gran volumen de documentación  pendiente de estudio y del resultado de las diligencias ya pedidas,  pudiendo afectar no solo a más trabajadores intrusos, empresarios,  empleados de las compañías de seguros intermediarias, sino también a  otros altos cargos públicos de la Junta de Andalucía". Por último, recuerda que la Fiscalía ha venido pidiendo la  adopción de "muy numerosas medidas cautelares" personales y reales  contra los imputados que han prestado declaración en sede judicial,  tras lo cual, la magistrada ha dictado auto estableciendo fianzas  para todos los imputados y cuya cuantía esta en proporción a las  cantidades indebidamente recibidas. Todas, en su caso, han sido  ratificadas por la Audiencia Provincial de Sevilla, concluye.

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