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La Fiscalía de Sevilla solicita tres años para un guardia civil por quedarse con el dinero de las multas

Se apropió del dinero procedente  de hasta 21 multas formuladas en Sevilla, todas ellas impuestas a  extranjeros no residentes en España

el 14 ago 2012 / 14:23 h.

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La Fiscalía ha solicitado tres años de prisión para un guardia civil de Tráfico que presuntamente se apropió del dinero procedente de hasta 21 multas formuladas en Sevilla, todas ellas impuestas a extranjeros no residentes en España y por lo que el imputado se habría incautado de un total de 2.670 euros.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal al que Europa Press ha tenido acceso, es acusado, identificado como J.M.M., ejercía como guardia civil en el cuartel de San Juan de Aznalfarache. Entre las funciones propias de un agente destinado en Tráfico, según explica el escrito, se encuentra la de cobrar el importe de determinadas sanciones en el acto, "si bien posteriormente se debe proceder a su gestión y a la devolución de las cantidades pagadas por las infracciones".

Sin embargo, entre los meses de marzo y abril de 2010, el detenido, según añade la Fiscalía, retuvo presuntamente el dinero procedente de hasta 21 infracciones de tráfico, todas ellas cometidas por extranjeros no residentes en España en distintos puntos de la provincia de Sevilla. La cantidad sustraída procedente de las multas variaba, según el caso, entre 63 y 420 euros, con lo que supuestamente se apropió de una cantidad total de 2.670 euros y en ninguno de los casos el imputado entregó en su unidad ni el dinero ni el boletín de denuncia.

Según relata el escrito de la Fiscalía, en el transcurso de un mismo día, el 6 de marzo, y en un mismo lugar, en la carretera A-66 en el término municipal de Salteras, el detenido formuló hasta diez denuncias a tres conductores extranjeros no residentes en España, quedándose con el dinero aportado por todos ellos para el pago de las infracciones de tráfico, que sumaban un total de 1.260 euros.

Por todo ello, el Ministerio Fiscal considera que los hechos constituyen un delito continuado de malversación de caudales públicos, por lo que solicita para el acusado tres años de prisión, la suspensión de empleo o cargo público durante tres años, así como el pago de una multa por valor de 1.200 euros además de deber indemnizar, en concepto de responsabilidad civil, a la Dirección General de Tráfico en la suma de 2.670 euros.

El juicio con jurado popular dará comienzo el próximo 26 de noviembre.

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