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La Fiscalía denuncia por sedición a los controladores

El Código Penal castiga este delito con penas de cuatro a ocho años de prisión.

el 29 dic 2010 / 19:00 h.

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Una familia mira una panel que informa de los vuelos.

El caos aéreo que provocaron los controladores el 3 y 4 de diciembre les puede salir caro. La Fiscalía de Madrid ha remitido al Decanato de los Juzgados de Primera Instancia de Plaza de Castilla la denuncia contra 175 controladores aéreos por un presunto delito de sedición por el caos aéreo con la finalidad de que un juez les cite a declarar en el marco de unas diligencias penales. Un delito que está castigado con penas de entre cuatro y ocho años de cárcel.

Así lo confirmó a Europa Press el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, quien adelantó que "intervendrán en las diligencias con todas las consecuencias". Además, Esteban señaló que nada más recaiga la denuncia en un juzgado concreto pedirán que su titular tome declaración como imputados a los controladores que se negaron a declarar ante el fiscal. Una decisión acogida con alegría por los pasajeros afectados.

Hasta ahora, los controladores no han querido prestar declaración hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos interpuestos contra el estado de alarma y la militarización del espacio aéreo. Los controladores no reconocían la competencia del fiscal para interrogarles, puesto que entienden que se les debe tomar declaración bajo la jurisdicción militar desde el momento que pasaron a ser movilizados por la declaración del estado de alarma. Las investigaciones están encaminadas a conocer cómo se coordinaron los controladores las horas antes de que anunciaran las bajas médicas masivas para alegar incapacidad de trabajar.

El Código Penal, en su artículo 545, fija que se impondrán penas de cuatro a ocho años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por ese mismo tiempo a aquellos que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición.

Mientras tanto, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno se ha declarado no competente para investigar las denuncias de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y Facua contra los controladores y las ha remitido a la Fiscalía de Madrid. Además, la Agrupación de Afectados por el cierre del espacio aéreo y el despacho Cremades & Calvo-Sotelo han coordinado la emisión de un mismo tipo de poder con más de 150 notarías para facilitar que los afectados puedan cumplimentar de manera unitaria el otorgamiento de los poderes para pleitos.

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