La fiscalía presentará mañana ante el Tribunal Supremo una demanda en la que pedirá que se impida la inscripción en el registro de partidos políticos de Sortu, al que considera un intento "desesperado" de ETA de estar presente en las elecciones municipales del próximo 22 de mayo. La demanda se sumará a la presentada el pasado jueves por el Gobierno a través de la Abogacía del Estado, que sostiene que la nueva formación abertzale forma parte de una estrategia de la que ETA es "motor" y actor principal y que el rechazo de la violencia que reflejan los estatutos de Sortu es "cosmético, retórico e instrumental, no real".
La demanda también destaca que Sortu ha permanecido en silencio tras la detención el pasado martes en Vizcaya de cuatro presuntos etarras, que tenían un arsenal en sus viviendas, y los actos de kale borroka ocurridos durante la última semana en Vitoria, según fuentes del Ministerio Público.
Como en el caso de la presentada por los servicios jurídicos del Estado, la fiscalía -que el pasado viernes todavía recibió un último informe de la Guardia Civil- incluirá en su demanda varios "contraindicios" con los que pretende demostrar que, más allá de la literalidad de sus estatutos, Sortu no ha hecho nada por desmarcarse de la violencia terrorisa.
La formación abertzale hizo público un comunicado en el que, lejos de condenar los ataques o felicitarse por las detenciones, decía que ha decidido "mantenerse al margen de los acontecimientos políticos diarios y de hechos de naturaleza diversa, hasta disponer de un estatus de legalidad que permita una actuación y posición políticas acordes con los principios y compromisos" de los que se han dotado.
Antes de producirse esos hechos, fuentes de la fiscalía habían señalado que Sortu debía repudiar la violencia de ETA, "tanto anterior como posterior", para acreditar, "no sólo formalmente, sino materialmente", su completa desvinculación de la banda terrorista y poder concurrir a las elecciones. Las mismas fuentes recordaron que hay una jurisprudencia firme -constituida por las sentencias del Tribunal Supremo, el Constitucional y el de Estrasbrgo- que dice que hay una "conexión íntima" entre las formaciones políticas ilegalizadas y ETA, por lo que sólo "una desvinculación absoluta" de la banda -que no se ha producido- podría servir de contraindicio.
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ya adelantó el pasado día 4 que se actuará contra cualquier intento de Sortu de participar en los comicios, solos, con plataformas o incluidas en otra formación legalizada.
Una vez presentadas ambas demandas, la Sala Especial del Tribunal Supremo encargada de aplicar la Ley de Partidos Políticos quiere acelerar al máximo los trámites, y por eso ha declarado hábiles los sábados y domingos de los tres próximos fines de semana, de ocho de la mañana a tres de la tarde, para su resolución "en el menor tiempo posible" ante la proximidad de la convocatoria de elecciones del próximo 28 de marzo.
