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La Fiscalía dice que suspender a Garzón viola su independencia

El Ministerio Público rechaza apartarle de su labor por las tres querellas.

el 26 feb 2010 / 19:43 h.

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El juez Baltasar Garzón.

La Fiscalía se opuso ayer a que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sea suspendido de sus funciones mientras el Tribunal Supremo tramita las tres querellas que han sido admitidas contra él, al entender que esta medida iría contra la "independencia e inamovilidad" necesarias para que un juez puede desarrollar su labor.

Así lo expuso ayer el Ministerio Público en el informe que le había sido solicitado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo de dos querellas contra el magistrado -el pasado jueves se admitió una tercera- y que ahora será estudiado por la Comisión Permanente del Poder Judicial.

El Alto Tribunal investiga al juez Garzón por declararse competente y abrir una causa sobre los crímenes cometidos en España durante el franquismo, por los cobros recibidos durante su estancia en la Universidad de Nueva York y, desde esta semana, por ordenar intervenir las comunicaciones entre varios de los imputados del caso Gürtel que se encontraban en prisión y sus abogados. En su informe, la Fiscalía considera "contrario a la lógica jurídica" que la suspensión cautelar de funciones de un juez sea concebida "como de aplicación automática" a todos aquellos magistrados afectados por la admisión a trámite de querellas interpuestas contra ellos por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

El Ministerio Público argumenta su tesis citando jurisprudencia del propio Tribunal Supremo, que en una sentencia de octubre de 2009 estableció que la suspensión de un juez por parte del CGPJ "no es consecuencia de la admisión de la querella" y que esta medida sólo debe adoptarse cuando se considere que la continuidad del juez en su cargo "puede producir efectos contraproducentes". La Fiscalía cita asimismo un acuerdo adoptado en 1998 por el CGPJ en los mismos términos y concluye que "la admisión a trámite de una querella, aún cuando sea por presunto delito de prevaricación, no debe nunca suponer de forma automática la suspensión provisional de funciones" del juez si no concurren además otras circunstancias que "pongan en cuestión el modelo constitucional de Estado de Derecho".

Por otra parte, la vocal del Consejo General del Poder Judicial para el País Vasco, Margarita Uria, mostró ayer su desacuerdo a las críticas en los nombramientos del también vocal José Manuel Gómez Benítez y defendió que el órgano de gobierno de los jueces "hace lo posible por intentar" que se designe al mejor candidato.

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