El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, pidió ayer al Pleno de la Sala de lo Penal que remita la causa sobre el supuesto chivatazo a ETA del caso Faisán a un juzgado de Irún (Guipúzcoa), donde se produjeron los hechos el 4 de mayo de 2006, al entender que los tres procesados no tenían la intención de "ayudar" a la banda terrorista sino que perseguían "otras motivaciones", informaron fuentes jurídicas.
Zaragoza, que asumió la representación del Ministerio Público en la vista en la que se estudiaron los recursos de las defensas contra el auto de procesamiento dictado por el juez Pablo Ruz, defendió que los hechos deberían ser tipificados como un delito de revelación de secretos o encubrimiento, que el Código Penal castiga con hasta tres años de cárcel, y no como un acto de colaboración con organización terrorista, penado con un máximo de diez.
Aunque el fiscal jefe no mencionó explícitamente que los procesados quisieran evitar el fin de las negociaciones que el Gobierno mantuvo con ETA durante el alto el fuego que decretó entre marzo de 2006 y junio de 2007, sí recordó que en el sumario obra una conversación de Elosua con su yerno, Carmelo Luquin, en la que revelaba que la intención de la persona que le informó sobre el dispositivo policial era evitar que se rompiera el proceso de paz.
La conversación fue interceptada el día del soplo mediante una baliza colocada en el coche de Elosua cuando el dueño del bar Faisán cruzaba la frontera para alertar al presunto etarra José Antonio Cau Aldanur de la existencia de una operación contra el aparato de extorsión de ETA. En ella le confesaba a su yerno que una persona había entrado en su bar y le había facilitado un teléfono con el que un "compañero" le había advertido del dispositivo policial y le decía que le informaba para "no fastidiar todo el proceso".
En la causa se encuentran procesados desde el pasado 13 de julio el exdirector general de la Policía, Víctor García-Hidalgo, que habría ordenado el chivatazo; el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, que lo habría llevado a cabo; y el inspector José María Ballesteros, que se habría desplazado hasta el bar Faisán. El juez instructor cree que el soplo impidió la detención de miembros de ETA y permitió su financiación a través de la extorsión a empresarios.
Durante su intervención en la vista, que duró más de tres horas, el representante de la Fiscalía se adhirió parcialmente al recurso presentado por la defensa de García Hidalgo y cuestionó la "extrema debilidad" de los indicios delictivos que pesan contra el exdirector de la Policía.
Por otra parte, el PP prometió ayer que no hará del caso Faisán un "tema de campaña electoral" porque el partido está centrando su campaña en la necesidad de "crear empleo" en España.
