La Fiscalía de Sevilla está estudiando la posibilidad de solicitar a la juez del caso Mercasevilla la imputación de la comisión ejecutiva de la empresa que dio el visto bueno al pliego de condiciones del concurso para la venta del suelo, cuyo ganador fue Sando, pese a que su oferta era inferior a la del Grupo Noga.
Según confirmaron fuentes del Ministerio Fiscal, por ahora el delegado de Anticorrupción de la Fiscalía sevillana no ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 6 estas nuevas imputaciones, aunque no lo descarta. De hecho, la comisión ejecutiva al completo ya ha prestado declaración ante la Policía Judicial, aunque no como imputados.
En la comisión ejecutiva estaban presentes el primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos; el ex concejal y ex presidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo; el secretario del Ayuntamiento, Venancio Gutiérrez Colomina; el interventor municipal José Miguel Braojo; y el ex consejero de Mercasevilla Domingo Enrique Castaño, a quien el PP señala desde el principio como la persona que "ideó" toda la operación de la venta del suelo.
El hecho de que puedan ser imputados se debe a que ninguno de ellos advirtió de las posibles irregularidades de un concurso público que luego pasó por manos del consejo de administración de Mercasevilla y que acabó aprobándose en el Pleno del 15 diciembre de 2005. La juez del caso comenzó a investigar este extremo a raíz de la declaración del ex vicesecretario de Mercasevilla Jorge Piñero, también imputado, quien recordó a la magistrada que nadie advirtió nunca de las posibles ilegalidades y que el pliego llegó hasta el Pleno, donde fue refrendado por todos los grupos municipales.
Además de Piñero, por la venta de los terrenos a Sando también están imputados el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet y los técnicos María Victoria Bustamante y José Antonio Ripollés. El Juzgado de Instrucción número 6 también investiga el presunto cobro de comisiones ilegales al Grupo La Raza, aunque se trata de otra causa en la que además de Mellet, están imputados su ex adjunto Daniel Ponce, la trabajadora Regla Pereira y el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas.
