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Guerra abierta entre Alaya y la Fiscalía por el caso Mercasevilla

La jueza acusa a los fiscales de "retrasar" el proceso de los suelos de Mercasevilla, mientras la Fiscal Jefe de Sevilla, María José Segarra, considera estas declaraciones como "absolutamente ajenas al debate procesal".

el 15 oct 2013 / 12:49 h.

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La jueza Mercedes Alaya y la Fiscal jefe María José Segarra. La jueza Mercedes Alaya y la Fiscal jefe María José Segarra. La fiscal jefe de Sevilla, , ha expresado este  martes su sorpresa por el hecho de que la juez Mercedes Alaya haya  vertido "expresiones gratuitas" sobre el fiscal en el auto por el que  archiva la causa contra seis empresarios que pujaron por los suelos  de Mercasevilla. En este sentido, la fiscal jefe considera estas expresiones  "absolutamente ajenas al debate procesal y a la argumentación  jurídica que debe presidir una resolución judicial". "No considero oportuno perderse en consideraciones o incluso  reproches que no conducen a nada, pues lo importante es que la  investigación llegue a un buen fin con la contundencia que el  reproche social a las conductas fraudulentas merece", ha indicado. LAS REACCIONES El primero en salir a la palestrar para expresar su malestar ante el último auto de la jueza Mercedes Alaya ha sido el portavoz parlamentario del Grupo Socialista, Francisco Alvarez de la Chica. El antiguo consejero de Educación ha asegurado este martes que la prescripción de delitos, tanto en el 'caso Mercasevilla' como en cualquier otro, es "responsabilidad inequívoca" de la acción de la Justicia y algo que "nunca debería ocurrir". En rueda de prensa, el dirigente socialista se ha pronunciado así después de que la juez Mercedes Alaya ha archivado la causa abierta contra los siete empresarios imputados en la causa donde se investigan las supuestas irregularidades detectadas en el concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla, entre ellos dos hermanos de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, al entender que han prescrito los tres delitos que se les imputaban. De la Chica, que ha dicho desconocer si este hecho es responsabilidad directa de la Fiscalía o de la juez que llega el caso, ha insistido en que "ningún ciudadano de bien podrá estar satisfecho por la prescripción de presuntos delitos". También ha lamentado que haya gente de dicho procedimiento "que queden fuera por la prescripción y que otros sigan dentro". Tras apuntar que la Justicia "es más justa cuando llega a tiempo", el portavoz parlamentario del PSOE-A ha dicho que a su formación le gustaría que "nadie" pueda escapar de la acción de la Justicia "ni en este caso ni en ningún otro porque haya prescripción de delitos". Otra de las personalidades que también han comentado la última decisión judicial por el caso Merca ha sido el alcalde Sevilla, Juan Ignacio Zoido. Éste ha apostado por acatar la decisión judicial de la juez Mercedes Alaya como "respeto al estado de derecho", en referencia al archivo de la causa abierta contra seis empresarios que fueron imputados tras pujar por los suelos de Mercasevilla, entre ellos dos hermanos de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, al entender que han prescrito los delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas y fraude y exacciones ilegales que se les imputaban y que no se les puede aplicar el delito de prevaricación. Tras inaugurar el centro deportivo Viding La Rosaleda, Zoido ha asegurado que "no valora las decisiones judiciales" porque "no tiene ningún sentido". "La independencia judicial está en acatar las decisiones judiciales y es el mejor respeto que podemos tener al estado de derecho y de libertades que nos dimos en 1978", concluye. Este archivo hacer referencia al procedimiento impulsado para enajenar los suelos del mercado central de abastos de Mercasevilla, que fue fallado en favor de la propuesta elevada por el grupo promotor 'Sanma Desarrollos Urbanísticos', filial de la constructora Sando, pese a que concurría una oferta económicamente superior por parte del grupo Noga. En un auto dictado el pasado 8 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla declara extinguida, por tanto, la responsabilidad penal contra estos empresarios, a los que tomó declaración el pasado mes de junio. Entre los empresarios se encuentran Eduardo Báñez García, como consejero delegado y firmante de la oferta presentada por Construcciones Juan de Robles, y Juan Nicolás Báñez García, consejero delegado solidario de esta empresa, ambos hermanos de la ministra de Empleo, así como Ignacio Bayón Marine, presidente del consejo de Administración de Realia Bussiness. Asimismo, también archiva la causa respecto a Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff, presidenta y consejera delegada del consejo de Administración de Sociedad Azucarera Larios; Martín Eugenio Sánchez-Ramade Moreno, presidente de Edamar --empresa que quedó disuelta y extinguida por haber sido absorbida por Noriega el 26 de junio de 2007--, y Antonio Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa, hijo del anterior y que firmó la oferta presentada por Edamar como apoderado solidario.

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