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La Fiscalía General rechaza investigar a la infanta Cristina por las actividades irregulares de Aizoon

el 25 ene 2012 / 12:35 h.

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La Fiscalía General del Estado ha rechazado investigar la denuncia  presentada por el abogado Fernando Pamos contra la infanta Cristina  por su papel en la empresa Aizoon al considerar que no ha quedado  demostrado que tuviera conocimiento de las actividades irregulares de  la entidad. "La hipótesis no se acompaña de la más mínima  concreción", dice el Ministerio Público en un escrito remitido al  letrado, al que ha tenido acceso Europa Press.

Pamos solicitó a la Fiscalía que abriera una investigación con el   fin de que se aclarara el papel de la infanta en Aizoon y su  responsabilidad en unas compras particulares que podrían haber sido  abonadas por dicha firma, según se señala en un correo electrónico  obrante en el sumario en el que está imputado su esposo, Iñaki  Urdangarín.

El abogado solicitaba concretamente la incoación de diligencias de  investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción en pieza aparte  a la que ya se investiga en el Juzgado de Instrucción número 3 de  Mallorca en relación a Aizoon, el Instituto Nóos y otras sociedades  vinculadas al duque de Palma.

En el citado correo intervenido en la operación Babel Urdangarín y  otro interlocutor se refieren a unas compras particulares de la  Infanta y a la dificultad de que estas sean "justificadas por gastos  de Aizoon" --sociedad de la que la hija del Rey es propietaria en un  50%--, "resarciéndose del gasto originado, con posteridad, 'desde la  caja'", según señala la denuncia haciendo mención a este documento.

No obstante, la Fiscalía considera que la denuncia se basa  exclusivamente en "informaciones periodísticas" y "no contiene un  relato de hechos" que permita investigar a la infanta.

"En ningún momento se describe una conducta de aquella que resulte  incardinable en ningún tipo penal", dice el Ministerio Público que  añade que la denuncia no se acompaña de "la más mínima concreción  acerca de ninguna forma de participación o intervención" en ninguna  de las actuaciones presuntamente irregulares.

IGUALDAD ANTE LA LEY  


A juicio del abogado, los hechos podrían constituir delitos de  fraude, malversación de caudales públicos, contra la Hacienda  Pública, delito societario de gestión y de falsedad en documento  mercantil.

En la denuncia, de ocho páginas, se solicitaba al Ministerio  Público que "desempeñe su preponderante papel igualando a todos los  españoles" ante la ley y se califica de "imposible" que la Infanta  "no estuviere al tanto de las actuaciones de su esposo (...) como  para acumular semejante patrimonio".

"Desde mi experiencia, y lo aseguro sin prueba en contrario, si  fuera la misma otra persona, ya hubiera sido detenida o su patrimonio  objeto de una grandísima investigación. Y es que no debe haber  ciudadanos de primera y de segunda", concluía Pamos el escrito  presentado.

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