La Fiscalía Anticorrupción ha instado a la juez que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas incentivados por la Junta a "declinar" su jurisdicción "en el único extremo de no reclamar la entrega de las actas" de los Consejos de Gobierno desde 2001, sustituyendo este requerimiento por el de certificados de los acuerdos adoptados.
En un escrito de tres páginas elevado ante el juzgado el 13 de abril, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal Anticorrupción argumenta, que la jueza Mercedes Alaya "eventualmente estaría invadiendo competencias que son propias del Gobierno autonómico, en concreto al reclamar las actas de los Consejos de Gobierno en su globalidad y no extractadas y referidas a los acuerdos adoptados". La semana pasada Anticorrupción presentó un recurso contra el auto en el que la jueza pidió las actas.
La consejera de Presidencia, Mar Moreno, confió en que "cuanto antes" se resuelva en el Supremo la "discrepancia" surgida por las actas porque la Junta está recibiendo un "daño en su imagen". Preguntada sobre si la jueza, tal y como ha demandado el PP, ha pedido a la Junta los ERE extinguidos, dijo desconocerlo y aseguró que todos "están a disposición del juzgado". La portavoz del PP-A, Esperanza Oña, anunció que conovocarán una "gran movilización ciudadana" después de las municipales si la Junta "sigue ocultando información".
