La Fiscalía insta a la Junta a crear un observatorio sobre corrupción

El fiscal superior reclama un órgano independiente como el que existe para violencia machista. García Calderón demanda también una reforma penal que castigue a empresas que se lucran a costa de despedir empleados

el 16 oct 2013 / 22:50 h.

Jesús García Calderón. Fiscal Superior de AndalucíaHace tres años, la alarma social que generaron los continuos casos de malos tratos y mujeres muertas a manos de sus parejas empujó al Gobierno andaluz a crear el primer Observatorio de la Violencia de Género (mayo 2010). Una situación parecida inspiró ayer al fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, para proponer a la Junta que cree un observatorio sobre la corrupción. Los últimos y más sonados casos que se dirimen en los tribunales (fraude de los ERE, Malaya, escándalo Bárcenas...) sitúan a la corrupción en la política y las administraciones públicas como uno de las principales preocupaciones de los ciudadanos, por detrás del paro. La corrupción, dijo García Calderón, es un fenómeno con muchas variantes y que está en constante proceso de mutación, de ahí que sea necesario someterlo a análisis para estudiar las formas de prevenirlo y atajarlo. La propuesta es la de crear un órgano independiente que podría integrarse en la Fiscalía General del Estado, sometido al control parlamentario, con una dotación presupuestaria singularizada y formado por expertos en la lucha contra la corrupción. Durante la presentación en comisión parlamentaria de la memoria de la Fiscalía (2012), García Calderón también planteó que se redactara un nuevo código procesal penal que otorgue la instrucción al Ministerio Fiscal bajo la supervisión de un juez de garantías y con unidades adscritas de investigación criminal bajo su dependencia. Esta propuesta fue rechazada por la diputada Alba Doblas (IU). El fiscal superior no quiso valorar la instrucción de la jueza Mercedes Alaya, sobre el fraude en los expedientes de regulación de empleo, ni tampoco su enfrentamiento con la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, que ayer le acompañaba en la comisión. Lo que sí hizo fue reprobar los abucheos que recibió Alaya por parte de simpatizantes de los sindicalistas detenidos hace unos días. Empleo // Otra de las propuestas del fiscal, más ambiciosa, fue una reforma del Código Penal que introduzca delitos contra el empleo, que castiguen a los empresarios que se enriquecen a costa de despedir a sus empleados. “Algunos delitos ahora se castigan como societarios, cuando en realidad son delitos contra el empleo”, dijo. Para ejemplificar qué sería un delito contra el empleo, el fiscal explicó que en algunas empresas los gerentes y ejecutivos perciben salarios abultados “que evidencian una voluntad apropiatoria”. La ley ahora protege el interés de los socios o de accionistas en las grandes corporaciones, pero no el de los trabajadores. “La realidad nos demuestra que hace falta crear delitos para proteger el empleo como bien jurídico escaso”, sostiene García Calderón. “Hay sociedades donde existen retribuciones absolutamente desmedidas. Nosotros podemos proteger a los socios, pero luego, quizá, esa empresa hace un ERE y condena al paro a un centenar de trabajadores a los que no podemos ayudar”, advierte. H

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