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La Fiscalía investiga el acoso de las empresas de cobro de morosos

Chamizo traslado el caso al Ministerio Público al aumentar las quejas de deudores que denuncian presiones incluso a familiares.

el 17 mar 2012 / 20:29 h.

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En el último año, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha recibido una decena de quejas de personas sobre las tácticas de presión utilizadas por financieras a las que deben dinero, o empresas especializadas en cobro de morosos, que no se conforman con llamar a sus móviles y casas de día y de noche en tono amenazante sino que se ponen en contacto con familiares y vecinos que nada tienen que ver con el deudor. Muchos de ellos han presentado denuncias ante la Policía y los juzgados y también ante la Agencia de Protección de Datos sin mucho éxito. Y es que, como reconoce el Defensor, "la actividad de gestión de cobros que realizan estas empresas es perfectamente legal" pero "se ha producido un notorio endurecimiento en las prácticas de estas empresas que en bastantes ocasiones llegan hasta límites que pudieran considerarse como delictivos" por el acoso, las coacciones y el tráfico de datos personales que emplean. Por ello, Chamizo se dirigió al Fiscal Superior de Andalucía para que estudiara la posibilidad de iniciar una investigación de oficio y abriera un cauce para hacer llegar al Ministerio Público estas denuncias que por otras vías no están prosperando y la Fiscalía ha decidido abrir diligencias de investigación.

La Oficina del Defensor del Pueblo reconoce que llevan viendo quejas de este tipo desde hace un año y "va a más", pero al tratarse de una actividad privada, fruto de un contrato entre una empresa y su cliente, la institución no puede intervenir, por lo que a partir de ahora remitirá todas las denuncias que le lleguen a la Fiscalía. En su escrito al Ministerio Público, revela que estas empresas utilizan servicios automáticos de rellamada que contactan a cualquier hora del día o de la madrugada con los deudores, muchos de los cuales se ven obligados "a mantener descolgados sus terminales o a cambiar de número con frecuencia". Además, alerta de que estas llamadas "incluyen con frecuencia todo tipo de amenazas e insultos" sin tener en cuenta si quien coge el teléfono es el deudor o alguien de su familia. De hecho, alerta, de que en algunos casos son hijos menores los que cogen el teléfono y las empresas no tienen reparos en informarles "de las deudas de sus progenitores y advertirles que si no pagaban perderían sus domicilios e incluso irían a la cárcel, originándoles una grave situación de ansiedad y angustia". Frente al clásico cobrador del Frac que sigue al moroso a todas partes, las nuevas tecnologías se han convertido en la principal arma de estas empresas, que desarrollan auténticas labores de investigación sobre el entorno del deudor para contactar con familiares y vecinos que nada tienen que ver.

Precisamente, éste es uno de los aspectos más cuestionable desde el punto de vista jurídico de estas prácticas, cuando el acoso se dirige hacia terceros.

Algunas de las quejas que han llegado al Defensor provienen precisamente de vecinos de los deudores, que nada tienen que ver con sus impagos y a los que molestan por teléfono o incluso en sus propias casas. También hay varios casos de pensionistas que en su día avalaron a familiares y que ahora son presa de estas coacciones. En ambos casos, al igual que cuando una financiera contrata a una empresa especializada en cobro de morosos, hay un tráfico de información personal de gente que no ha firmado ningún contrato con las financieras y por tanto no ha dado su consentimiento a que se utilicen de ninguna manera, de la misma manera que la situación personal del deudor es aireada sin su consentimiento. El Defensor entiende que "la intervención de la Agencia de Protección de Datos resulta de escasa eficacia" porque para sancionar exige muchas pruebas contundentes de la cesión de información y prevalece la presunción de inocencia.

"Se han tirado dos años detrás mía por recibos de 36 euros"
M.F. no es ni siquiera morosa. En una de estas campañas publicitarias que te citan un sábado en un hotel para venderte una enciclopedia, decidió adquirir una médica y otra universal por un valor total de 1.479 euros a pagar en recibos mensuales de 36 euros que abonaba religiosamente. Cambió de cuenta y llamó para avisar que pasaran los recibos a la nueva pero no lo hicieron y seguían enviándolos a la anterior, por lo que les eran devueltos. A partir de ahí empezó un calvario. "Me mandaban cartas diciéndome que pagara como si yo me hubiera negado. Recibía amenazas de la financiera, mensajes al móvil a todas horas y yo llamaba para darles mi número de cuenta o pedirles uno para ingresarles el dinero en el banco y la operadora, con muy mala educación, solo me decía: ¿va a pagar o no?", explica. Llegaron a pasar unos recibos a una cuenta que ella no había facilitado.

A su móvil llegaban sms a cualquier hora amenazando con que "su expediente está en el departamento jurídico" o diciendo que "tiene 24 horas para ponerse en contacto con tal número". "He cambiado de teléfono porque me tenían amargado, sonaba cada cinco minutos y tenía que apagarlo. Se han tirado detrás de mí dos años por unos recibos de 36 euros que además yo pagaba", relata. Pagó todos los recibos con los "intereses que se inventaron" e incluso los dos últimos "me los seguían reclamando y los volví a pagar para que me dejaran tranquila". "Me amenazaban, yo les pedía que me dijeran donde pagar pero seguían, y me alteraba. No estoy acostumbrada a estas cosas. Ni son formas ni es un importe como para eso".

"Llamaron a mis vecinos para que me dejaran dinero"
J.C. tenía una posición económicamente muy desahogada pero se quedó en paro el pasado julio y de tener unos ingresos mensuales de 8.000 euros pasó a cobrar 1.300 del subsidio de desempleo. Tenía créditos con varias entidades y contactó con ellas para seguir pagando pero reduciendo la cuota y a más plazo. "Ninguna quiso negociar". Paga lo que puede pero su situación es desesperada y el acoso de las financieras no hace más que agravarla. "Me han hecho llorar", admite, y hasta ha pensado en quitarse la vida. "Si me suicido no van a cobrar, pero les da igual".

"Yo no me niego a pagar, yo no soy un moroso como esos caraduras que deberían ir a la cárcel, yo lo que pasa es que no puedo, a veces no tengo ni para el recibo de la luz, y les ofrezco negociar para ir pagando y no quieren, pero nos meten a todos en el mismo saco", relata. Asegura que tiene "pánico a coger el móvil". Se compró uno de prepago y en casa, donde llegó a recibir 60 llamadas diarias, restringió las llamadas entrantes. Localizaron "no sé cómo" a una hermana y una tía de su mujer y también las llamaron. Pero lo peor fue cuando le amenazaron por un recibo de 223 euros con llamar a sus vecinos "y pedirles a cada uno diez euros para pagarlo. Y efectivamente los llamaron". Ha acudido a la Policía y el caso está en los juzgados, y también a la Agencia de Protección de Datos, pero sin éxito. Sabe que las deudas y su situación son su "culpa" pero quiere opciones y tiempo para pagar. "Y si no que me denuncien y un juez decida, pero no esto que no vivo porque no sabes dónde te va a saltar".

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