La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha abierto una investigación para analizar las prácticas desarrolladas por las entidades bancarias en torno a las participaciones preferentes, según explicó ayer el Defensor del Pueblo Andaluz , José Chamizo, tras reunirse con el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón.
En la comunidad hay más de 60.000 afectados, sobre todo de Banca Cívica y La Caixa. Se trata básicamente de personas mayores que vieron "secuestrados" los ahorros de toda su vida, y jóvenes que tras recibir una pequeña herencia o indemnización decidieron invertir su dinero. La cifra "tan elevada" hace "complicada" la investigación, según Chamizo, quien espera que gracias a la investigación se puedan esclarecer las responsabilidades civiles que pueda haber, "e incluso penales en algunos casos".
El Defensor Andaluz abogó por demandas colectivas para cada grupo específico, ya que aunque ya hay casos de sentencias individuales que dan la razón a las personas con preferentes , aquéllas son más eficaces para encontrar una solución "para todas las personas que firmaron engañadas". El caso más claro registrado en la Oficina del Defensor de Andalucía es el de un contrato firmado con una huella dactilar "lo que demuestra que estas personas confiaron en su personal bancario y éstos se aprovecharon de la situación".
El Defensor del Pueblo Andaluz ha recibido 500 quejas de personas con participaciones preferentes gestionadas "prácticamente por todas las entidades financieras". Chamizo explicó que desde la Oficina del Defensor se ha ofrecido a los bancos y cajas de ahorro la posibilidad de firmar un convenio para solucionar la situación, pero por el momento "no lo ha aceptado ninguno".
Sobre las posibles soluciones, Chamizo hizo un llamamiento a los afectados para que denuncien de forma conjunta. El Defensor explicó que actualmente sólo una entidad bancaria, BBK, ha solucionado el problema con sus clientes, mientras que el resto de las entidades han optado por ofrecer un producto a "modo de canje, igual o peor". Sin embargo, los perjudicados "no tienen muchas opciones, ya que o se quedan con las participaciones preferentes, un producto que ahora mismo no compra nadie, o eligen otro". Por ello, según los datos que manejan, el 90% de los afectados opta por el nuevo producto "a pesar de perder entre el 30 o el 40% del valor inicial". En este sentido, José Chamizo incidió en que ésta "no es la solución, ya que nadie tiene por qué perder su dinero".
Las participaciones preferentes son un producto financiero sin fecha de vencimiento determinado y cuyo capital no está garantizado. Sin embargo, las entidades bancarias las comercializaron asegurando que no había ningún riesgo y que los clientes podrían retirar su dinero cuando lo solicitaran.
