La Fiscalía de Sevilla anunció que no recurrirá el auto dictado el 5 de mayo por Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, y en el que la magistrada rechaza el informe del Ministerio Público, que solicitaba la prescripción de la causa por un presunto delito societario contra el máximo accionista del Real Betis, Manuel Ruiz de Lopera, por los hechos sucedidos entre 1993 y 1998. El Correo decidió pulsar ayer las sensaciones de las principales plataformas opositoras del consejero delegado heliopolitano a través de sus portavoces.
Mercedes Alaya argumentó en su auto que procede citar a declarar en calidad de imputado al máximo accionista del club y a las otras seis personas denunciadas, cotitulares o apoderadas legales de las empresas implicadas en el proceso investigado de forma directa. La Fiscalía había solicitado en un informe previo que se archivaran las diligencias para citar a Lopera como imputado en el proceso judicial, ya que, sostenía, los posibles delitos habían prescrito.
Sin embargo, el último auto de la jueza, basado en el informe en el que los peritos judiciales informan de que Lopera ha causado a la entidad de Heliópolis un perjuicio de 12,4 millones de euros, rechaza la petición del Ministerio Público. La propia Fiscalía remitió ayer un comunicado en el que anticipaba que no recurrirá la última decisión de la jueza encargada del proceso.
En el informe emitido, el Ministerio Fiscal recalca que su intención en la petición de archivar las indagaciones previas sólo pretendía "impulsar la causa", por lo que expuso la posibilidad de "acotar y limitar" en el tiempo la investigación con el fin de lograr una "concreción" aún más certera de los hechos.
La clave para reconsiderar la postura inicial ha sido la citación de Manuel Ruiz de Lopera en calidad de imputado, pues, sostiene la Fiscalía en su comunicado, anteriormente planteó la prescripción porque el propio Lopera aún no había sido citado. "Téngase en cuenta que tras dos años de investigación judicial todavía no se había realizado la imputación de delito alguno al denunciado", espetó en su nota.
De la misma forma admite un cambio sustancial en el transcurso de las investigaciones, un aspecto que genera que conceda vía libre a la investigación de los hechos ocurridos entre 1993 y 1998 y que podrían constituir un delito societario.
De todos modos, la jueza ya sostuvo en su auto que los posibles delitos societarios prescriben en el plazo de 15 años por tratarse de un caso "de especial gravedad" y que afecta "a varios perjudicados". Empero, la Fiscalía advierte que prescindirá de "todo comentario" acerca de las "descalificaciones" vertidas por la propia Alaya y dirigidas a la fiscal.
La enésima noticia judicial sobre el futuro de Lopera, y por ende del propio Betis, fue acogida con especial interés en las plataformas opositoras. Cayetano García de la Borbolla, portavoz de Por Nuestro Betis (PNB), comentó a El Correo que "la Fiscalía ha cambiado el criterio y nos ha dado la razón". "Hizo una valoración previa errónea y al final ha dado marcha atrás, así que nuestra apreciación es que hemos ganado otra batalla judicial".
"Cuando uno estudia el proceso se da cuenta de no queda otra que llamar a Lopera a declarar en calidad de imputado", añadió antes de pronosticar cuánto tiempo tardará en resolverse el caso completo, englobando ambos informes de los peritos judiciales. "En pocos meses veremos el auto de procesamiento de Lopera", indicó.
Emilio Soto, de Béticos por el Villamarín, aseguró que "la Fiscalía había emitido un informe previo arriesgado por falta de información o ignorancia, pero con todos los datos ha reculado".
