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La Fiscalía no recurrirá la sentencia del caso Camas

Entiende que "colma" sus  pretensiones.

el 13 dic 2012 / 15:00 h.

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La Fiscalía de Sevilla no tiene previsto recurrir la sentencia que  condenó a 14 meses de cárcel y al pago de una multa de 15.000 euros  al exalcalde de Camas (Sevilla) Agustín Pavón (IULV-CA), al  exconcejal del PP Antonio Enrique Fraile, al exedil del PA José del  Castillo y al empresario Eusebio Gaviño por el presunto intento de  soborno a la concejal del Ayuntamiento Carmen Lobo para que votara a  favor de determinados puntos en el pleno municipal.

En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press  de que, una vez examinada la sentencia de la Audiencia Provincial, la  Fiscalía no tiene previsto recurrirla ante el Tribunal Superior de  Justicia de Andalucía (TSJA) al entender que "colma" sus  pretensiones. Hay que recordar que el Ministerio Público pidió para  cada acusado 18 meses de prisión y 24.000 euros de multa por un  delito de cohecho.   

De su lado, los cuatro acusados ya hicieron público un comunicado  de prensa en el que anunciaron que recurrirán ante el Alto Tribunal  andaluz el fallo emitido por la Audiencia Provincial tras el  veredicto de culpabilidad del jurado popular al entender que es  "injusto y arbitrario".  

La sentencia dictada por la Audiencia Provincial, a la que ha  tenido acceso Europa Press, incluye la inhabilitación para cargo  público de los cuatro acusados por el tiempo de la condena,  argumentando para ello "la íntima relación del delito cometido con el  ejercicio de la actividad política o pública al tratar de corromperse  el justo funcionamiento del sistema democrático por la compra del  voto de un cargo público".

De igual modo, el magistrado rechaza la atenuante de dilaciones  indebidas planteada por las defensas de Fraile y Del Castillo, aunque  a la hora de imponer la pena señala que "el tiempo transcurrido"  desde la comisión de los hechos "no puede dejarse de tener en  cuenta", de modo "que no se observan razones para imponer las penas  en su mitad, aunque tampoco en el mínimo".  

El fallo recoge que, según declaró probado el jurado, el equipo de  gobierno del Ayuntamiento de Camas quedó en minoría después de que  Agustín Pavón revocara sus atribuciones a Lobo a cuenta de una  sentencia en la que resultaron condenados por un delito de estafa  procesal tanto ella como el exmilitante de IU y denunciante Francisco  Gordo.

Tras ello, Lobo permaneció como concejal no adscrita, por lo que  esta situación "generó" un "fuerte enfrentamiento" con Pavón, al que,  al estar el equipo de gobierno en minoría, "le era imposible adoptar"  medida alguna que precisara la aprobación del pleno municipal, por lo  que "desde entonces se encontraba en una situación de práctica  paralización".  

"CONTRAPRESTACIONES ECONOMICAS"

De este modo, y "con la idea de poner fin a la situación de  bloqueo" del Ayuntamiento y poder aprobar determinados proyectos  urbanísticos, Pavón, Del Castillo y Fraile "se pusieron de acuerdo"  en 2005 con Gaviño "para obtener el voto favorable" de Carmen Lobo "a  cambio de contraprestaciones económicas".

Según este relato, los acusados, "conociendo la influencia  política que mantenía" Gordo sobre la exconcejal, contactaron con  éste para que "abordara" a Lobo, de manera que Gaviño "contactó" con  el exmilitante de IU "pidiéndole entrevistarse" con él personalmente,  lo que se produjo al menos en dos ocasiones en las que el empresario  le manifestó "que detrás de todo el entramado se encontraba el  gobierno municipal de Camas y que habría recompensas económicas".

Según el veredicto, la primera de estas entrevistas se mantuvo en  julio de 2005 en un restaurante de Sevilla, mientras que la segunda  se efectuó en agosto de 2005 en casa de Gaviño, con la presencia de  Gordo y de los cuatro acusados.  

"POSIBLE TRAMA DE CORRUPCION POLITICA"

Sobre este último encuentro, el jurado consideró probado que,  "tras una serie de reproches mutuos, entre todos llegaron al acuerdo  de que Gordo convencería a Lobo para que, a cambio de un beneficio  económico para él y para Lobo, no determinado y que cambiaría según  los proyectos llevados al Pleno para su aprobación, ésta última  votara favorablemente su aprobación" en dicho pleno.  

Así, los contactos entre el empresario y Gordo "se sucedieron a lo  largo de los días siguientes en forma tal que, convencido" el  exmilitante de IU "de la firmeza y seriedad de los propósitos" del  acusado, compareció el 8 de septiembre de 2005 ante la Policía "para  denunciar una posible trama de corrupción política". Tras ello, Gordo  puso en conocimiento de Lobo estas reuniones, "decidiendo ambos que  fingirían acceder a los ofrecimientos para comprobar hasta dónde  estaban dispuestos a llegar los acusados".

El jurado, igualmente, vio probado que, "como continuación del  plan", Gaviño se entrevistó con la exconcejal el 12 de septiembre en  un bar del polígono 'El Manchón', donde el empresario, "a cambio de  su voto en los plenos para apoyar una serie de modificaciones  urbanísticas", le hizo el ofrecimiento "de grandes cantidades de  dinero, llegando a ofrecerle, además, un piso en la playa a poner, no  a su nombre, sino al de alguien de su confianza, y aconsejándole  constituir una sociedad para poder ocultar el dinero a recibir".

EL SOBRE CON LOS 12.000 EUROS

A continuación de esta reunión, y según el relato que establece el  objeto del veredicto, se produjo un segundo encuentro esa misma  tarde-noche en la 'Taberna Medieval', donde Gaviño "entregó" a Lobo  "un sobre con 12.000 euros como primera entrega a cuenta de parte del  dinero prometido, a cambio de votar favorablemente en unos  determinados puntos del pleno del Ayuntamiento que se celebraría el  13 de septiembre de 2005".

El juez argumenta que las grabaciones que realizaron los dos  denunciantes de las reuniones donde se produjo el presunto intento de  soborno "corroboran" las versiones de los denunciantes, que "quedan  avaladas" por la prueba pericial realizada por el Servicio de  Criminalística de la Guardia Civil, que rechaza cualquier tipo de  "manipulación" de las grabaciones.  

El juez pone de manifiesto que el jurado "consideró creíble los  testimonios" de Lobo y de Gordo pese a "las desavenencias de los  testigos con algunos de los acusados --Pavón en especial-- y no  obstante recoger la grabación realizada por Lobo expresiones por ella  vertidas interpretables como interés en 'pillar' a Pavón", citando en  este punto las frases 'alea jacta est' y 'ay Agustín te la voy a  meter hasta los gavilanes'.  

LA VERSION DE LOS ACUSADOS "NO ES RAZONABLE EN MODO ALGUNO"

El magistrado ve "razonable" que el jurado estimara creíbles los  testimonios de Gordo y Lobo, ya que los mismos vienen corroborados  por las grabaciones, cuyo contenido "no se entiende si no es desde la  perspectiva de la hipótesis acusatoria, esto es, la del acuerdo de  los acusados para obtener el voto de Lobo a cambio de  contraprestaciones económicas", frente a lo que la versión de los  acusados "no es razonable en modo alguno".  

A ello se suma que "ningún atisbo hay de que fueran" los  denunciantes "quienes captaran la voluntad de los acusados, entrando  de lleno así en el delito provocado" y en la "trama-trampa"  denunciada por los procesados, por lo que concluye que "las pruebas  practicadas acreditaron la versión de las acusaciones, hipótesis que  se revela como mucho más razonable que la de las defensas".

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