El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha confirmado que no pedirá a la Audiencia Provincial el ingreso en prisión del expresidente del Gobierno balear Jaume Matas antes de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso de casación anunciado por el letrado del exmandatario Antonio Alberca y dicte, por tanto, una sentencia firme, al considerar que no existe riesgo de fuga.
Asimismo, tampoco solicitará el ingreso en la cárcel del periodista Antonio Alemany, quien ha sido condenado a 3 años y 9 meses de prisión.
En un escrito enviado a la Sección Primera de la Audiencia Provincial, Horrach señala que "no considera obligada la ejecución inmediata" de la sentencia dictada este martes, que condena a seis años de prisión a Matas, "siempre que las medidas cautelares personales en vigor se mantengan en su integridad para conjurar el riesgo de fuga hasta la firmeza de la sentencia".
En este sentido, advierte de que cualquier modificación de dichas medidas cautelares supondría una "incidencia a valorar en orden al aumento de probabilidades de riesgo de fuga, que, ante una condena tan grave, obligarían a solicitar medidas más graves".
En el citado escrito, el fiscal Anticorrupción recuerda los delitos y la pena de prisión a la que ha sido condenado Matas en el marco de la pieza número 2 del caso Palma Arena, así como las medidas cautelares que el juez de instrucción número 3 de Palma, José Castro, impuso al expresidente, entre las que destacan una fianza de 2,5 millones de euros (inicialmente fueron 3 millones y luego se rebajó) para eludir su ingreso en la prisión.
Asimismo, Horrach añade que a Matas también se le retiró el pasaporte, se le prohibió la salida del país y se le obligó a comparecer cada quince días en los Juzgados. Por otro lado, recuerda que el magistrado también impuso medidas cautelares a Alemany el pasado 18 de febrero de 2010 que, concretamente, fueron la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país.
En este sentido, el fiscal considera que atendiendo las medidas cautelares personales que recaen sobre Matas y Alemany, su situación personal, así como el hecho de que durante el tiempo que ha durado el procedimiento no se haya manifestado voluntad de rebeldía frente al Juzgado y Tribunal, es "un factor a ponderar como indicio relevante de ausencia o minusvaloración del riesgo de fuga o de la voluntad elusiva".
Además, agrega que la confirmación de la sentencia de la magistrada Margarita Beltrán se prevé "prácticamente asegurada" en el TS, a pesar del recurso de casación, teniendo en cuenta que el análisis inicial del contenido de la sentencia "pone de relieve un detallado relato de hechos, una precisa y adecuada ponderación de las pruebas practicadas durante el acto del juicio oral, un minucioso examen e interrelación de los indicios incriminatorios y una extensa y adecuada valoración de la calificación penal de los hechos".
Por otro lado, el fiscal expone que "nunca puede descartarse la posibilidad de que, de mantenerse la situación de libertad, un condenado opte por ponerse fuera del alcance de la Administración de Justicia".
"Este riesgo, hipótesis a la vez, siempre existe, y nunca es, ni descartable, ni totalmente conjurable. Huída no necesariamente novelesca, sino entendida como la puesta fuera del alcance de la Administración, o debiendo ésta realizar esfuerzos singulares para su localización en las fases posteriores del proceso", apunta Horrach.
No obstante, asevera que, a pesar de que ese riesgo sea "siempre existente, no justifica que, en todo caso, deba imponerse la prisión provisional, dado su carácter excepcional y restrictivo".
En este sentido, considera que el criterio para imponer la prisión será, "ante todo, la constatación de su necesidad, como recurso de aplicación excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada para el logro de la consecución de los fines que la justifican".
Así, afirma que ello dependerá de una valoración acerca de la "intensidad del riesgo y una ponderación, frente a dicha intensidad, de los elementos concurrentes en presencia que pueda razonablemente operar como contrafreno a dicho riesgo de elusión". Entre ellos, ha destacado "la acreditación de un nivel de arraigo determinado y su relación con la intensidad previa del riesgo de fuga constatable".
SEIS AÑOS DE CARCEL PARA MATAS
Concretamente, el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha condenado a seis años de cárcel y a nueve y medio de inhabilitación a Matas, al considerar probado cómo el exlíder del PP intervino en la contratación irregular por parte del Ejecutivo autonómico del articulista Antonio Alemany para la redacción de sus discursos.
Unos hechos por los que Matas se enfrenta a un delito de fraude a la administración; un delito continuado de falsedad en documento oficial; otro de falsedad en documento mercantil; uno de prevaricación en concurso con un delito de malversación y un último de tráfico de influencias agravado. La Audiencia le ha condenado a cinco años, tres meses y un día de prisión por los cinco primeros ilícitos penales y a nueve meses por el sexto delito.
Se trata de una pena dos años y medio inferior a la que pedía la Fiscalía Anticorrupción, que por el momento debe analizar la sentencia para estudiar si solicita la celebración de una vista en la que reclamen medidas cautelares para el imputado a tenor de la elevada condena que pesa sobre él, según han señalado fuentes del caso a Europa Press. Mientras tanto, Matas ha sido absuelto de dos delitos de prevaricación; dos de falsedad en documento mercantil y dos de malversación.
Por su parte, el tribunal ha condenado a tres años y 9 meses de prisión a Alemany por un delito de prevaricación; uno de falsedad en documento oficial; otro de falsedad en documento mercantil en concurso con uno de malversación y uno de tráfico de influencias.
Cabe recordar que, en su caso, el Ministerio Público solicitaba para él siete años y tres meses de prisión, de manera que se la ha absuelto de un delito de prevaricación; uno de malversación; uno de falsedad en documento mercantil; otro de fraude a la administración; uno de falsedad en documento oficial y un delito de fraude en las subvenciones.
Por otro lado, el exdirector general de Comunicación Joan Martorell ha sido condenado a un año y medio de cárcel (la Fiscalía pedía dos años) con las atenuantes de confesión y reparación del daño, por un delito continuado de prevaricación; fraude a la administración; continuado en falsedad en documento oficial; uno de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito continuado en malversación.
Por su parte, al director de la agencia de comunicación Nimbus, Miquel Romero, le ha condenado a un año, un mes y quince días de prisión por los delitos de prevaricación; otro de falsedad en documento mercantil; otro de fraude a la administración en concurso con un delito de malversación con las atenuantes de reparación del daño y de confesión. Por su parte, la Fiscalía reclamaba para él cuatro años y medio de cárcel.
Finalmente, la Audiencia ha absuelto a la exjefa de gabinete de Matas, Maria Umbert de dos delitos de prevaricación y un delito de malversación y uno de fraude a la administración, por los cuales la Fiscalía pedía para ella un año y tres meses de prisión.
