La Fiscalía Anticorrupción presentó ayer un informe a Garzón en el que rechaza enviar el caso Gürtel al Tribunal Supremo al no apreciar indicios suficientes de delito en aforados del PP. Así, el fiscal insta al juez a remitir la investigación a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia.
Después de varias semanas en las que los nuevos datos publicados sobre la trama de Francisco Correa han salpicado directamente al PP, en concreto a su tesorero, Luis Bárcenas, y al eurodiputado Gerardo Galeote, la Fiscalía entiende que no hay indicios suficientes contra aforados populares -diputados o senadores nacionales-. De cualquier modo, y aunque no es previsible, Garzón podría acabar elevando una exposición razonada al Supremo, ya que el informe que ayer le entregó a la Fiscalía no es vinculante.
El pasado miércoles, y tras recibir un informe policial elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal en el que, según Garzón, "se contienen nuevos datos que podrían resultar fundamentales para la remisión de las exposiciones razonadas y la aparición de un nuevo caso de aforamiento", el magistrado pidió nuevamente su opinión a Anticorrupción.
El magistrado dictó una providencia dando un plazo de 48 horas a la Fiscalía -que ésta se apresuró a anunciar que no respetaría- para que informara no sólo de si procedía remitir una exposición razonada al Supremo "sobre los casos de su competencia", en referencia a los aforados nacionales presuntamente implicados, sino sobre si lo más adecuado no sería remitir todo el caso al Alto Tribunal.
El Ministerio Público, no obstante, sí considera bastantes los indicios contra aforados autonómicos, por lo que ayer reiteró su petición a Garzón de que se inhiba de la práctica totalidad del caso en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con la excepción de la investigación de determinados hechos "perfectamente escindibles", que deberían seguirse en el de Valencia.
Entre los aforados que debería investigar el TSJ madrileño figuran el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y diputado autonómico Alberto López Viejo y, según informaciones periodísticas, los también diputados regionales Alberto Bosch y Benjamín Martín Vasco.
Mientras tanto, los diarios El País y El Periódico de Catalunya publicaron el pasado 19 de febrero que la Fiscalía también veía indicios de delito en la actuación del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps.
En el escrito entregado ayer, el Ministerio Público advierte de que, mientras se resuelve qué órgano judicial es el competente para continuar con la investigación, Garzón puede seguir instruyendo la causa, de acuerdo con lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En este sentido, hay que recordar que el PP se querelló contra Garzón por no inhibirse de la investigación y le acusó de prevaricación por vulnerar el secreto de sumario del caso.
Reacciones. El Partido Popular considera que la nota de la Fiscalía constituye "una nueva desautorización" al juez Baltasar Garzón y demuestra que está "justificada" la querella que presentaron hace una semana contra el magistrado.
En el mismo sentido, el presidente del partido, Mariano Rajoy, pidió ayer una vez más que el juez se inhiba en la presunta trama de corrupción y que se conozca el sumario de esta causa, ya que, según dijo, "hay mucha gente que está en indefensión".
Además, se preguntó si a las personas que han salido en los periódicos se las va a "resarcir del daño causado en su honor", en referencia a los líderes populares señalaron en los medios, según Rajoy, "como si fueran corruptos".
