La Fiscalía Anticorrupción ha realizado escrito de acusación contra el ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz, el abogado José María del Nido, el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca y otras 15 personas más, la mayoría ex concejales marbellíes, por el denominado caso 'Minutas', sobre las presuntas irregularidades en los encargos hechos al letrado por parte del Consistorio.
En el escrito de acusación provisional, de 198 páginas, al que tuvo acceso Europa Press y que fue presentado hoy en el Juzgado de Instrucción número 1 marbellí, se solicita la apertura de juicio oral contra un total de 18 personas. Entre los delitos de los que se les acusa están los de asociación ilícita, prevaricación administrativa, fraude, malversación de caudales públicos, falsedad documental y delitos societarios.
Estas conclusiones iniciales del fiscal se presentan después de que a principios del pasado mes de junio el juzgado instructor acordara seguir la causa que se inició a raíz de la querella interpuesta en 2006 por la Fiscalía Anticorrupción tras analizar varios informes de fiscalización del Consistorio de Marbella realizados por el Tribunal de Cuentas.
El fiscal solicita para Muñoz 14 años de prisión y 48 de inhabilitación, tanto absoluta como para empleo o cargo público; al acusarle de los delitos de asociación ilícita, delito continuado de prevaricación administrativa, otro continuado de fraude en concurso con malversación, delito societario y malversación con uso de bienes muebles o inmuebles.
A Del Nido se le acusa de asociación ilícita, delito continuado de prevaricación administrativa, como cooperador necesario; de otro continuado de fraude en concurso ideal con uno continuado de malversación, también como inductor; así como de falsedad documental, de documento oficial y de documento privado, de tres delitos societarios, de malversación de uso de bienes y de deslealtad profesional.
Por esto, el presidente del Sevilla se enfrenta a una petición por parte del fiscal de 12 años y medio de prisión, inhabilitación para ejercer como abogado durante cuatro años, además de inhabilitación especial para desempeño de cargos de administración o representación de sociedades durante siete años y para empleo o cargo público durante 17 años.
Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción acusa a Roca por fraude en concurso con un delito de malversación de caudales, solicitando una pena de seis años de cárcel. Al ex secretario municipal Leopoldo Barrantes se le acusa de prevaricación de funcionario, dos de falsedad y otro de malversación.
A los ex concejales Marisa Alcalá y Rafael González se les acusa de malversación y de prevaricación, por lo que se pide para ellos penas de prisión de tres años; mientras que a José Luis Fernández Garrosa, Alberto García y Javier Lendínez se les acusa solamente de prevaricación, solicitando sólo inhabilitación. A Tomás Reñones se le acusa de malversación y se pide tres años de cárcel.
Otros procesados son Modesto Perodia, a quien se le acusa de los mismos delitos en los que coinciden Muñoz y Del Nido, solicitando el fiscal para él una pena de prisión de 16 años de prisión; y una letrada del despacho de Del Nido y su pareja de éste en ese momento, a la que se acusa de prevaricación administrativa, fraude y falsedad documental.
"MAQUINACION DEFRAUDATORIA"
El fiscal señala que de las investigaciones se desprende que la contratación de los servicios profesionales de Del Nido "estuvo basada única y exclusivamente" en la voluntad del entonces alcalde, Jesús Gil, "sin que para dicha designación o para la asignación de cada uno de los servicios concretos y ejercicio de acciones se iniciare el preceptivo expediente o cualquier formalidad legalmente prevista por el órgano municipal".
"Su actuación como asesor jurídico se basó en la decisión unilateral y arbitraria del alcalde referido quién le designó de hecho como jefe de los servicios jurídicos de la Corporación sin sujeción al ordenamiento jurídico, con la deliberada intención de impedir los controles legalmente establecidos", explica el escrito de la Fiscalía.
No obstante, se indica que el alcalde accidental, Julián Muñoz, que habitual y formalmente presidía y participaba en las juntas de Gobierno Local, "le adjudicaba los servicios y el ejercicio de las acciones concretas, mediante decretos inmotivados, al tiempo que se promovía que la comisión de Gobierno aprobara el gasto correspondiente". "De ese modo se actuó por la vía de hecho", apunta.
De esta forma se pretendía "una maquinación defraudatoria estable y progresiva, al menos desde el año 1999, planeada por los acusados con absoluto desprecio a los intereses públicos y en grave perjuicio de las arcas municipales". Se señala que en este comportamiento "despatrimonializador" se unieron "bajo el mando y control del fallecido Jesús Gil y Gil, en un primer nivel dirigente, los acusados Julián Muñoz y José María del Nido, apoyados y asesorados en todo momento por un buen conocedor del funcionamiento de las sociedades municipales, el acusado Modesto Perodia".
El fiscal manifiesta en su escrito que a partir de la moción de censura de agosto de 2003, que provocó que Marisol Yagüe ocupara la Alcaldía en lugar de Muñoz; y una vez que se excluyó a Del Nido como asesor municipal, "el coste anual por los servicios externos de asistencia y asesoramiento jurídico descendió en un 62 por ciento". Así, en concepto de responsabilidad civil se tendrá que indemnizar al Ayuntamiento con más de 1,8 millones de euros.
Esa forma de contratación se realizó desde el año 1999 a 2003 "de manera reiterada sin mediar expediente alguno, lo que constituye una grosera vulneración de las más elementales normas de la contratación administrativa previo concierto con el alcalde principal y el alcalde accidental". Además, se apunta que las cantidades adelantadas al letrado como provisiones de fondos "no fueron en ningún caso objeto de la correspondiente liquidación de honorarios profesionales".
De esta manera, explica el documento, se adjudicó verbalmente al letrado "y sin pasar por el pleno" encargos "tan relevantes y costosos" como la coordinación de las labores de fiscalización del Tribunal de Cuentas en los años 1999-2000, así como la formulación de alegaciones al anteproyecto y al propio Informe de Fiscalización aprobado por el Tribunal de Cuentas relativo a los años 1990-1999.
ROCA, EL UNICO AUTORIZADO EN PLANEAMIENTO 2000
Respecto a Roca, el fiscal señala que era la única persona autorizada en una cuenta de Planeamiento 2000 y apunta que "en grave perjuicio de las arcas municipales firmó un talón" presuntamente para el pago a uno de los acusados de la elaboración de las alegaciones al anteproyecto de Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas de tres sociedades municipales cuando, según el fiscal, el trabajo fue "inexistente".
Asimismo, la acusación señala que la intervención del letrado acusado en el Ayuntamiento y en las sociedades municipales llegó a suponer "al menos el 70 por ciento de la actividad desarrollada por su despacho colectivo de Sevilla" y destaca la "confianza existente entre éste y el alcalde --Gil-- fraguada en el contexto de sus quehaceres como directivos de clubs de la liga española de fútbol" y consolidada a raíz de su intervención en el conocido como caso 'Camisetas'.
