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La Fiscalía pide 16 meses de cárcel para la alcaldesa de Villanueva del Río y Minas por dos licencias ilegales

La alcaldesa de Villanueva del Río y Minas, María José Cervantes (PSOE), se enfrentará a los 16 meses de prisión y los 16 años de inhabilitación para ejercer cargo público que le reclama la Fiscalía de Sevilla por cuatro presuntos delitos contra la ordenación del territorio por la concesión de dos licencias. También solicita 27.000 euros de multa, a razón de 6.750 por cada uno de los delitos.

el 12 ene 2011 / 14:43 h.

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Según relata la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, la regidora otorgó a dos particulares la licencia pertinente para construir unas viviendas en suelo no urbanizable, y pese a contar con el informe desfavorable del arquitecto municipal, hechos por lo que reclama la apertura de juicio oral en un juzgado de lo penal.


El escrito de calificación señala que el 5 de julio de 2005 el propietario de una parcela situada en la avenida de la Constitución de esta población de la Vega solicitó una licencia para edificar una vivienda unifamiliar. Ese mismo día, el arquitecto municipal informó a la alcaldesa de que la solicitud "era contraria a las normas subsidiarias de planeamiento, por ser suelo no urbanizable". Pese a ello, la acusada, "consciente de la ilegalidad de su proceder", concedió la licencia, según el relato del ministerio público.

Posteriormente, el 14 de octubre de 2005, el titular de otra parcela similar situada en el mismo lugar y, por tanto, con la misma clasificación, también pidió al Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas una licencia para hacer otra vivienda. De nuevo, el arquitecto municipal "advirtió el mismo día que la solicitud no se adaptaba a las normas de planeamiento, por ser el terreno no urbanizable". Sin embargo, el fiscal recuerda que, "nuevamente y sabiendo que la licencia era manifiestamente ilegal, la concedió".

Estas irregularidades fueron denunciadas en los juzgados de Lora del Río el 8 de enero de 2009, por lo que la alcaldesa fue citada a declarar como imputada meses después. Según el fiscal, fue entonces cuando ordenó incoar diligencias informativas previas al expediente urbanístico por la realización de las obras contra las dos personas a las que ella misma había autorizado. Por ello, el fiscal considera los hechos como dos delitos contra la ordenación del territorio por prevaricación y otros dos del mismo tipo, pero por inducción.


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