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La Fiscalía pide 309 años de cárcel para Morín por un centenar de abortos ilegales

La juez dicta el auto de apertura del juicio oral para 12 imputados.

el 15 sep 2011 / 14:48 h.

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La Fiscalía ha pedido 309 años de cárcel para el médico peruano  Carlos Morín, acusado de 101 delitos de aborto, asociación ilícita y  un delito continuado de falsedad documental, por los abortos  practicados en sus clínicas hasta 2007 y destapados por una  televisión pública danesa.

Además, considera que su mujer, María Luisa Duran, es también  responsable de 66 de los abortos, por lo que pide 204 años de cárcel  por los mismos delitos en las clínicas Ginemedex, TCB y CBM, a las  que acudían españolas y del resto de Europa por la extendida red de  contactos que tenía el equipo. La Fiscalía pide para ambos una multa  de 28.800 euros cada uno y que se les inhabilite durante 202 años.

Según el escrito fiscal, el acusado, a través de sus clínicas,  "configuró de manera estable y permanente, una estructura dedicada a  realizar prácticamente de forma exclusiva y continuada interrupciones  voluntarias del embarazo sin sujeción a ningún requisito legal ni a  ningún plazo temporal".

Morín y su equipo, que facilitaron abortar a embarazadas de más de  siete meses y medio, justificaban los abortos más allá de las 22  semanas acogiéndose al supuesto de la antigua ley del aborto española  que permitía una interrupción del embarazo sin límite si éste ponía  en grave riesgo la salud física y psíquica de la madre.

En la mayoría de los casos, los médicos y colaboradores  practicaban los abortos sin que las mujeres fueran visitadas por un  psiquiatra que pudiera acreditar este riesgo, contando precisamente  con dos de estos profesionales --Pascual Javier Ramón Mora y Javier  Carrato-- para firmar acreditaciones sin mediar visita.

Uno de los psiquiatras, Pascual J.R.Mora trabajaba en Can Brians y  tenía pendiente una condena por violencia doméstica, mientras que el  otro contaba con una consulta privada y atendía en el centro de  atención primaria (CAP) Manso.

Ambos acudían al centro para realizar "dictámenes casi idénticos"  con independencia de las circunstancias personales de las pacientes  que ellos redactaban sin la obligada visita previa, como detalla el  escrito.

Por ello, la Fiscalía pide 62 y 201 años de cárcel para los dos  psiquiatras, acusados de 20 y 70 abortos respectivamente y del delito  de asociación ilícita.

De igual forma, se realizaban abortos acogiéndose al supuesto de  que el feto nacería con graves taras físicas o psíquicas sin que se  incorporase al expediente dictamen previo emitido por los  profesionales.

La auxiliar de enfermería y administrativa de la clínica EMECE,  María Virtudes S.V., tenía la función de derivar a las pacientes que  pedían abortos de dudosa legalidad a la red de Morín y su esposa, y  está acusada de los delitos de asociación ilícita y 26 abortos  ilegales, por lo que Fiscalía pide 81 años de cárcel.

Como director de la clínica Ginemedex, el líder de la trama  impartía instrucciones a sus empleados para la realización de los  abortos, que en algunos casos ejecutaba él mismo, pese a haber  contraído el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Su esposa, Maria Luisa Duran, era directora de la clínica TCB,  donde impartía los mismos criterios que su esposo, y ocasionalmente  colaboraba en el acto quirúrgico de la interrupción y facilitaba a  las embarazadas la medicación precisa para practicar el aborto.

El médico peruano admitió en su declaración ante la juez  instructora del caso, Elisabet Castelló, haber atendido últimamente  en sus centros a "una gran población de menores", llegando a  facilitar la interrupción del embarazo a adolescentes de 13 años.

En su declaración, integrada en el voluminoso sumario del caso de  más de 4.000 páginas, Morín también reconoció prácticas de abortos a  embarazadas de siete meses y medio, 29 semanas, en sus clínicas "el  último mes" previo a su comparecencia.

LOS GINECOLOGOS COBRABAN 8.000 EUROS

Los tres ginecólogos que trabajaban para Carlos Morín cobraban más  de 8.000 euros mensuales por realizar su actividad a sabiendas de que  lo hacían con un riesgo verdadero de cárcel.

Para ellos, --Dimas Arwin C.O., Antonio R.R. y Ramón T.H.--, el  fiscal pide 68, 50 y 209 años de cárcel respectivamente por delitos  de aborto y asociación ilícita; y para el médico Marcial R.F., piden  50 años por asociación ilícita, 15 delitos de aborto y un delito de  falsedad documental.

Por último, los tres anestesistas, Agustín C.F. y Esther S.R.  --del Hospital Sant Pau--, y Pedro Juan L.A., están acusados de  asociación ilícita y de varios delitos de aborto, aunque a éste  último también se le acusa de intrusismo por no tener el título  homologado: Fiscalía pide para ellos 170, 104 y 38 años de cárcel  respectivamente, dependiendo de los abortos en los que hubieran  participado.

APERTURA VISTA ORAL

El Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona ha dictado el  auto de apertura del juicio oral contra los citados 12 imputados, que  serán juzgados en la Audiencia Provincial de Barcelona después de que  todas las partes hayan presentado sus escritos de acusación.

La juez ha decidido sobreseer el caso respecto al exvocal del  Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB) y tocoginecólogo Tomás  Parra Parra por no quedar suficientemente acreditada su participación  en la trama.

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