La Fiscalía solicita cinco años de cárcel, 18 de inhabilitación y más de 667.000 euros en concepto de responsabilidad civil, para el exalcalde socialista de Burgillos (Sevilla) José Juan López, a cuenta de presuntos delitos de prevaricación, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos. Todo deriva de la concesión de autorizaciones y licencias de primera ocupación para diversas urbanizaciones, pese a que las mismas carecían de conexión con el abastecimiento energético y mediaban informes técnicos y jurídicos contrarios a la entrega de tales licencias.
El pasado mes de mayo de 2013, recordémoslo, el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla transformó en procedimiento abreviado las diligencias incoadas contra el exalcalde socialista de Burguillos José Juan López y el arquitecto Federico A. García Cotlán, a cuenta de la comisión de posibles delitos de malversación de caudales públicos y contra la ordenación del territorio en la creación de la urbanización Señorío de Burguillos.
En su auto de procesamiento, el juzgado daba cuenta de la resolución de Alcaldía emitida en junio de 2004 por José Juan López para autorizar una licencia de urbanización para el plan parcial Norte Residencial-2, "pese a que en tal fecha no estaba aprobado el proyecto de reparcelación ni el proyecto de urbanización". Con las obras de urbanización aún inconclusas, entre 2007 y 2009 el entonces alcalde socialista otorgó "licencias de ocupación de viviendas" en este desarrollo urbanístico, todo ello "en contra" de los informes emitidos por el arquitecto municipal y el secretario general del Ayuntamiento.
SIN ELECTRICIDAD Y es que la urbanización carecía aún de acometidas para el suministro eléctrico, no estaban terminado el soterramiento del arroyo El Chorrito y la rotonda de acceso a la urbanización no había sido construida todavía, toda vez que la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía prohíbe la concesión de licencias de primera ocupación mientras "no estén finalizadas las obras de urbanización y estén en condiciones de funcionamiento los suministros de agua y energía eléctrica".
Dado el caso, la Fiscalía ha formalizado ya su escrito de acusación detallando que en junio de 2004, José Juan López concedió una licencia para las obras del sector PP-NO-R2 prescindiendo "absolutamente de las normas del procedimiento legal" porque los trabajos no contaban con proyecto de urbanización previo ni había sido sometido el asunto a información pública. El escrito de acusación, recogido por Europa Press, desgrana que en mayo de 2009 las obras fueron recepcionadas definitivamente pese a que la zona aún esperaba "la terminación de obras de red eléctrica y de conexión a centros de transformación", así como la "terminación de trabajos de jardinería", extremo que había motivado un informe técnico contrario a la recepción definitiva de las obras.
En cuanto al sector urbano PP-OE-R3, señala el escrito de la Fiscalía que José Juan López aprobó el proyecto de urbanización pese a las "deficiencias" señaladas previamente por el secretario general del Ayuntamiento, quien indicaba que la aprobación debía estar ser posterior a la corrección de las citadas "anomalías". La Fiscalía detalla además 15 licencias de primera ocupación concedidas por el ya exalcalde para viviendas de estos sectores y el sector PP-ES-I2, mediando en todos los casos informes técnicos y jurídicos contrarios a la entrega de las licencias.
INFORMES DESFAVORABLES "Los impedimentos técnicos residían en el hecho de no estar finalizadas las urbanizaciones, faltando aspectos tan importantes como los enganches de las compañías de suministro eléctrico, inexistencia de rotonda de acceso a la urbanización, no estar terminado el acerado o las obras de soterramiento", explica el escrito de acusación, según el cual en tres de los casos López habría intentado eludir los informes técnicos municipales con "otros informes" interesados a Federico A. García Cotlán, quien trabajaba para el Ayuntamiento como arquitecto técnico a través de diferentes contratos.
Dado el caso, la Fiscalía atribuye al exalcalde José Juan López presuntos delitos de prevaricación, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos, solicitando para él cinco años de cárcel y 18 años de inhabilitación, así 134.350 euros en concepto de responsabilidad civil "por los costes privados sufragados por el Ayuntamiento" para que las viviendas en cuestión contasen con electricidad gracias a generadores, sumando además una última cantidad de 533.075 euros por las obras promovidas para "paliar las deficiencias de su arbitraria resolución".
Para Federico A. García Cotlán, la Fiscalía pide un año y seis meses de cárcel y ocho años de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público, por un presunto delito continuado de prevaricación. José Juan López, por cierto, está ya condenado por un delito de prevaricación urbanística, como recuerda la Fiscalía.
