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La Fiscalía pide 600 euros de multa para los caracoleños

La sanción, por supuesta ocupación ilegal de viviendas públicas, afecta por igual a casi 40 familias.

el 23 abr 2011 / 18:50 h.

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La Fiscalía ya ha registrado su petición de sanción para las casi cuarenta familias del clan de los caracoleños que se tuvieron que exiliar del Polígono Sur tras un tiroteo en el que murió un menor de etnia gitana y que volvieron a ocupar sus pisos en julio de 2009 pese a que éstos habían sido precintados por la Junta. El Ministerio Público considera que se puede tratar de una usurpación y, a raíz de la denuncia presentada por la Empresa Pública de Suelos de Andalucía (Epsa), solicita una sanción de cinco euros diarios por un periodo de tiempo de cuatro meses para cada familia cuya situación se considera irregular.

En total, unos 600 euros por persona. Según informaron fuentes del caso a Europa Press, en estas mismas diligencias se insta a la propiedad de los inmuebles, Epsa, a que defina las actuaciones relacionadas con el inmueble antes de ejecutar el lanzamiento de sus ocupantes.

La defensa, por su parte, señala que en algunos de los casos que se consideran irregulares los afectados sí son propietarios de las viviendas, y no las han ocupado de forma ilegal, y subraya que incluso en los casos en los que no sea así no se produce delito alguno. Se plantea así que los ocupantes pueden ser víctimas por una venta irregular de los pisos y se advierte de que en el Polígono Sur hay muchos pisos en esta situación. El abogado defensor, además, ha esgrimido en repetidas ocasiones que durante varios años este colectivo ocupó las viviendas públicas "con el conocimiento de la Junta de Andalucía y sin que nadie les requiriera que las abandonaran". Por estos motivos, se pide la absolución.

Los escritos de la Fiscalía y de la defensa de los caracoleños se producen después de que, a principios de este año, se completara la ronda de declaraciones de todos los afectados por este proceso que se inició en el mes de julio. Fue entonces cuando declararon casi cuarenta miembros del clan, que recibieron además del magistrado un ultimátum para que desalojaran las viviendas de la Junta de Andalucía en un plazo de diez días que fue recurrido por la defensa.

En sus declaraciones, los individuos reconocieron que carecían de documentación pública, y alegaron que adquirieron los pisos a sus anteriores moradores. Muchos de ellos se justificaron, en cualquier caso, planteando un desconocimiento del régimen público de las viviendas.

Según las investigaciones realizadas por los servicios sociales y por los responsables legales de Epsa, de las 41 familias que componían el clan de los caracoleños al menos 36 carecían de vínculo legal alguno con los pisos en cuestión. De hecho, la administración autonómica sólo resolvió positivamente cinco de los expedientes sobre la propiedad.

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