La magnitud que está cobrando el caso de los supuestos robos de bebés ha hecho que la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, haya nombrado un fiscal coordinador para investigar los 16 casos que ya se han denunciado en la provincia. Este fiscal ha pedido a la Policía colaboración para sacar adelante unas pesquisas muy complicadas debido a que el paso del tiempo hace muy difícil lograr datos. Además, si hay indicios de delitos, éstos podrían haber prescrito, pues algunos casos son de hace casi 50 años.
Según han confirmado fuentes del Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado remitió a la Fiscalía sevillana a finales de la semana pasada 13 casos que se habrían registrado en la provincia entre los años 60 y 80. Estas causas forman parte de la denuncia colectiva que planteó la Asociación Nacional por Adopciones Irregulares (Anadir) en Madrid y han sido remitidas después de que el departamento de Cándido Conde-Pumpido decidiera que cada asunto debía tramitarse de forma individualizada al no existir un nexo que los una. Así, estos 13 casos se han unido a otras seis denuncias que ya habían sido interpuestas por particulares ante la Fiscalía sevillana, aunque tres de ellos también se habían denunciado en Madrid, de ahí que la investigación se centre en 16 bebés presuntamente robados.
Segarra decidió entonces nombrar a un fiscal que coordine la investigación, que se inició tras recibir las primeras denuncias, y que ahora va a llevar a cabo la Policía Judicial a petición de la propia Fiscalía, según confirmaron fuentes del Ministerio Público a este periódico. El fiscal coordinador ya ha pedido a los agentes que recaben toda la documentación pertinente tanto en los hospitales, en el Registro Civil y en el cementerio.
Las fuentes aseguran que cada caso se estudiará de forma individualizada porque entre ellos no hay ningún elemento en común, más allá de la "percepción" de los padres de que sus hijos fueron robados ante la falta de información médica. El primero de los robos denunciados es del año 1962 y los últimos rozan los 80, con lo que hay más de una década de diferencia. Las supuestas sustracciones se produjeron en distintos hospitales, todos públicos: el de las Cinco Llagas (hoy sede del Parlamento), el Virgen del Rocío (antes García Morato) y Macarena.
Las mismas fuentes señalan que tampoco coinciden los nombres de los médicos que intervinieron en los partos y que incluso alguno de ellos ya podría haber fallecido. No obstante, la intención de la Fiscalía es llegar "al máximo, hasta el final", para intentar averiguar si en algunos de estos casos se pudo producir el robo del bebé. No obstante, también se precisa que si se observan indicios de delitos habrá que estudiar "las consecuencias jurídicas", ya que es muy probable que la supuesta infracción penal haya prescrito.
Muchas de las denuncias que han llegado hasta la Fiscalía vienen acompañadas de los correspondientes certificados de defunción y de enterramiento, pero el problema es que, como la mayoría de los bebés nacieron muertos, sólo constan en los papales del cementerio como "fetos hembras o varones, que fueron llevados a una nave común", lo que dificulta la identificación. En tan sólo uno de los casos, según las investigaciones que hizo la familia denunciante, no existe el certificado de enterramiento, "pero desconocemos si se trata de un error, ya que entonces todo se hacía a mano, o es realmente un robo". La Fiscalía cree que la investigación será complicada porque "no tenemos testigos, sólo algunos documentos y percepciones de unos padres que al no mostrarles el cadáver de los bebés creen que les robaron a sus hijos. Si hubieran tenido la convicción y pruebas de que fue así lo hubieran denunciado en su momento".
