La Fiscalía pide ahora a la Guardia Civil datos que Alaya no le facilita

Anticorrupción dice “desconocer las directrices” que la juez dio a los agentes.

el 17 oct 2013 / 21:31 h.

La disputa entre los fiscales y la jueza que investiga el caso ERE está empujando la instrucción a un callejón oscuro: unos días golpea el Ministerio Público y otros la magistrada. En ambos casos subyace la idea de que una de las partes está echando a perder la investigación permitiendo que prescriban ciertos delitos. Hace unos días la jueza Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, solicitó a la Fiscalía Anticorrupción un informe sobre la posible prescripción de delitos. Esto ocurrió después de que el Ministerio Público se quejase de que habían prescrito los delitos contra seis empresarios imputados en los ERE (entre ellos los hermanos de la ministra de Empleo, Fátima Báñez). Alaya replicó a los fiscales que, “antes de proceder a la práctica de cualquier otra diligencia”, informe sobre el asunto, a fin “de decidir si procede encomendar la investigación” a la Guardia Civil “de las ayudas sociolaborales más antiguas”. Alaya_juzgado_juezaAnticorrupción, en un escrito hecho público ayer, respondió que “desconoce” las directrices que la jueza le ha dado a la Benemérita, por lo que no puede pronunciarse sobre la prescripción de ningún delito, como pide Alaya. “No es posible con carácter previo ni en abstracto tipificar las conductas o enumerar los posibles delitos”, reza el escrito. Por tanto, los fiscales reclaman ahora a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que “acelere” la investigación y entregue los atestados sobre cada una de las empresas y ayudas investigadas, con objeto de poder determinar si han prescrito o no delitos. En otro de los escritos de la Fiscalía, fechado hace tres días, advierte de que la conducta de los empresarios que recibieron ayudas “es asimilable a la de los llamados intrusos”, personas que se beneficiaron de un ERE pese a no haber trabajado nunca en las empresas afectadas. El Ministerio Público reclama también “acelerar las investigaciones encaminadas al reintegro de las cantidades indebidamente percibidas”. En un auto dictado el 4 de octubre, Alaya pidió a Fiscalía que informaran sobre el periodo de prescripción que “maneja” a fin “de decidir si procede encomendar la investigación” a la Guardia Civil “de las ayudas sociolaborales más antiguas”, aunque sin perjuicio de lo anterior instó al Instituto Armado a que concluyera “y en su caso inicie” el estudio de los expedientes relativos a las empresas que hubieren obtenido ayudas abonadas en 2003. La respuesta que dio ayer Anticorrupción es un nuevo portazo entre la jueza y los fiscales, que ya se han cruzado duros reproches (ocultar documentación, prescripción de delitos, dilación en la instrucción...) En este escrito, la Fiscalía “reitera” lo ya dicho en otro escrito de fecha 1 de septiembre de 2013, cuando pidió “acelerar” la investigación de todos los expedientes relativos a perceptores de fondos públicos, pues la posible prescripción de los delitos perseguidos dejaría “sin perseguir y condenar, en su caso, la participación de personas que hayan percibido fondos públicos de forma presuntamente ilícita, con la consecuente dificultad para reintegrar en vía penal los mismos a las arcas de la Junta”. Sindicatos // Otro aspecto del escrito de la Fiscalía apunta a los registros realizados la semana pasada en la Operación Heracles 2 sobre el pago de sobrecomisiones en los ERE, que vincula directamente con las diligencias del juzgado de instrucción 16 de Sevilla sobre las subvenciones de la dirección general de Salud Laboral de la Junta al sindicato CCOO. En esa causa están imputados el secretario de Finanzas de CCOO de Andalucía, Miguel Ángel Soto Cubero, y la ex directora general de Seguridad y Salud Laboral, Esther Azorit. Ahora Anticorrupción dice que puede tener interés para dicha causa el registro en el domicilio del imputado Juan Antonio Florido, exsecretario de Organización de la Federación Textil de CCOO. Alaya acusa a Florido de haber tramitado varios ERE para la consultora Vitalia, y proporcionarle “un paquete completo que suponía un ERE, con prejubilaciones y financiación pública garantizada”. En cuanto al registro en el domicilio de Antonio Bustamante, presidente de Surcolor ya imputado por los ERE, la Fiscalía pide que se informe del mismo al juzgado de instrucción 5 de Sevilla, que investiga un presunto alzamiento de bienes en el grupo DUJA, informa Efe. Por otra parte, el fiscal reclama también que se identifique a las personas que ocuparon cargos directivos en dos sucursales de Bankia en Sevilla con las que operaba el bufete mediador en los ERE, pues según el último atestado de la Guardia Civil “ningún responsable dio cuenta al servicio de prevención de blanqueo de capitales” de los pagos irregulares.

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