El hijo de la mujer atropellada en Hytasa el pasado 28 de mayo, Consuelo González, ha retirado las acciones penales contra el conductor del camión y contra los posibles responsables directos o subsidiarios, así que la Fiscalía ha pedido al juez el archivo del caso. Eso sí, la familia no descarta acudir a la vía civil o administrativa.
Según el escrito que la Fiscalía ha remitido al Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla, se trata de una presunta falta "no perseguible", al haber retirado las acciones penales el hijo de la mujer fallecida.
En dicho documento, fechado el 14 de julio, la Fiscalía apunta que se trataría de un presunto homicidio por imprudencia leve, que no es perseguible de oficio por el fiscal si no es a instancia del afectado.
Además, se recuerda que el hijo de la víctima compareció en el juzgado el pasado 23 de junio y manifestó que había sido indemnizado "a su plena satisfacción por la entidad Allianz", aseguradora del camión que atropelló a su madre, por lo que el heredero renunció "expresamente al ejercicio de cualquier tipo de acción, civil o penal, que pudiera corresponderle contra el conductor del vehículo causante del hecho".
Sin embargo, el abogado de la familia, Antonio Ramos, explicó a este periódico que cuando tenga toda la información del caso y estudie los documentos decidirá si emprenden acciones por la vía civil o administrativa contra los implicados, esto es, contra el Ayuntamiento y las empresas que participaron en las obras de Hytasa y en la señalización. "No descartamos otras acciones judiciales por la responsabilidad objetiva del Ayuntamiento, que el propio alcalde reconoció", dijo Ramos. De esta forma, el hijo de la fallecida podría obtener la indemnización que ya anunció Sánchez Monteseirín.
"La ley -apostilló el abogado- permite compatibilizar esas otras vías judiciales, así que el caso no se cerraría ahí si se archiva el proceso penal". Así, la familia renuncia a emprender acciones penales contra el conductor, pero no descarta pedir otras responsabilidades.
La Fiscalía, a la vista de esta renuncia y "al no poder seguir el presente procedimiento penal, que se dirigiría en su caso contra el conductor del camión como responsable civil y penal", dice que "es ajustado a Derecho decretar el sobreseimiento y archivo de la causa, sin perjuicio de otras consideraciones ajenas al ámbito penal". Fuentes judiciales indicaron a Efe que este escrito del fiscal supondrá el archivo de la causa, puesto que ninguna de las dos partes que podrían acusar lo harán.
Por su parte, fuentes de la acusación particular que ejercen los familiares de la víctima señalaron que la compañía aseguradora del camión ha indemnizado al hijo de la víctima en 122.000 euros, la cantidad prevista para estos casos. El pago se realizó ya por la vía de urgencia atendiendo a las especiales circunstancias del caso, razón por la cual la familia compareció en el juzgado de instrucción 19 para renunciar a las acciones penales.
La víctima, de 57 años, falleció tras ser arrollada por un camión articulado de gran tonelaje, cuyo conductor dio negativo en la prueba de alcoholemia. El caso dio lugar a un enfrentamiento entre las delegaciones municipales de Movilidad y Urbanismo, que se culparon mutuamente de que los semáforos de la avenida no funcionasen.
"No hemos querido ir contra nadie" . Conchi González, hermana de la funcionaria de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social que falleció atropellada el pasado 28 de mayo en Hytasa aseguró el martes, tras conocer que la Fiscalía ha pedido el archivo del proceso penal, que la familia "nunca ha querido ir contra nadie ni buscar culpables". A su juicio, lo único que quieren es que el hijo de la fallecida pueda disponer de las ayudas que por ley le correspondan. "Ahora tiene 24 años recién cumplidos, vivía con su madre y ahora está solo", detalló Conchi González.
Según el informe de la Policía Local, que recogió el testimonio de varias personas, el camionero se paró, dejó pasar a un grupo de peatones que cruzaban la calle y miró dos veces antes de reanudar la marcha, sin ver a la fallecida. Ello ha permitido calificar los hechos como presunta falta y no delito.
