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La Fiscalía cree que el Supremo debe investigar solo a Chaves, Griñán, Viera, Zarrías y Moreno

Sobre el resto de aforados deben ser investigados por el TSJA.

el 05 nov 2014 / 12:18 h.

chaves_grinan La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado hoy su informe sobre la exposición razonada elevada por la jueza Mercedes Alaya sobre el fraude de los ERE, en el que sugiere al Tribunal Supremo que asuma solo la causa con respecto a los actuales senadores y diputados, es decir, sobre los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán; así como de los exconsejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno. La postura del Ministerio Público es contraria a la de la jueza, quien siempre ha defendido que la causa no se puede dividir. El informe de Fiscalía hace referencia sólo a la competencia del Alto Tribunal, por lo que no entra a pronunciarse sobre el fondo del procedimiento. El Fiscal considera que el Supremo debe asumir la investigación de la causa sólo en lo que afecta a los aforados nacionales Manuel Chaves, José Antonio Viera y Gaspar Zarrías, en su calidad de diputados del Congreso y Mar Moreno y José Antonio Griñán, en su calidad de senadores, según ha informado hoy la Fiscalía General del Estado en un comunicado. La Fiscalía reitera así la postura expresada en reiteradas ocasiones por la Anticorrupción a la juez instructora "sobre la conveniencia de dividir la causa principal en diversas piezas separadas, ya que las conductas de los aforados pueden ser analizadas de forma separada". alayaAsimismo, el Ministerio Público "considera que la causa es escindible y que nada impide que en su caso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía también pueda asumir la investigación en lo referido a los aforados autonómicos". En este caso, el Alto Tribunal andaluz debería asumir el caso con respectoa los consejeros Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Manuel Recio. De hecho, a juicio de la Fiscalía "esta es la única forma de terminar este procedimiento en un plazo razonable de tiempo". A esto, el Ministerio Público añade que "una vez nombrado el instructor, deberá practicar diligencias que permita valorar jurídicamente las conductas de los investigados". Ahora es el Supremo, con este informe sobre la mesa, es el que tiene que decidir qué hace con la causa, si sigue el criterio de la Fiscalía, o en cambio, opta por el de la jueza que era que asuma por completo el caso.

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