Anticorrupción reta a Alaya con la rama de la Sierra Norte

Reclama que no declare el «tándem» formado por Rosendo y Sayago hasta que se resuelve si se eleva al Supremo.

el 24 abr 2014 / 13:07 h.

La juez Mercedes Alaya La brecha que se ha abierto entre la Fiscalía Anticorrupción y la jueza Mercedes Alaya ya no se puede esconder. El Ministerio Público parece no estar dispuesto a dilatar más el procedimiento por el fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE) sin que éste sea elevado a un órgano superior. Ayer le reclamó a la magistrada que suspenda las declaraciones de imputados que tiene previstas para el 29 de abril y el 5 de mayo sobre la rama del caso en la Sierra Norte de Sevilla, entre los que se encuentra el «tándem» empresarial formado por José María Sayago y Enrique Rosendo, hasta que la Audiencia resuelva si se debe desgajar esta parte del caso y elevarlo al Tribunal Supremo ante la supuesta implicación de personas aforadas. En un escrito fechado el pasado 23 de abril, los fiscales encargados de la investigación de los ERE tras recibir el nuevo calendario de declaraciones fijado por la jueza en el que está previsto interrogar a varios imputados «dentro de la trama conocida como Sierra Norte», le recuerda que cuando se recibió el atestado de la Guardia Civil sobre esta rama se solicitó que se «ordenara la formación de pieza separada de enjuiciamiento». El Ministerio Público, «visto el extenso y detallado contenido del atestado», «entendía y entiende ya agotada la investigación en esta sede judicial en todo lo que es posible sin dirigir el procedimiento contra alguna de las personas que gozan de fuero», una de ellas el exconsejero y diputado socialista José Antonio Viera, pieza fundamental para la Guardia Civil en la entrega de ayudas a esta zona de Sevilla. Por ello, solicitó que «a la mayor brevedad se debe proceder a elevar el conocimiento de esta pieza al órgano superior», que sería el Supremo. Anteriormente, los fiscales ya habían pedido a la titular del Juzgado de Instrucción número 6 que separara el extenso caso, que supera ya los 72.000 folios y acumula 166 imputados, en distintas piezas y que elevase al Supremo lo referente a los aforados, un extremo que fue rechazada por la instructora. «Consecuentemente con tal petición, esta Fiscalía considera» que estas declaraciones «no son procedentes», ya que incluso provocaría «un efecto dilatorio», por lo que reclama que estas «se suspendan, en tanto en cuanto no se resuelva expresamente nuestra petición». Además, añade que «en caso de no ser estimada, se mantenga la suspensión durante la tramitación del posible recurso, y en todo caso durante la tramitación del recurso de apelación ya interpuesto contra el auto» en el que la jueza rechazaba dividir el caso en piezas. Lozano y Aguilera. La Fiscalía no está sola en esta batalla iniciada, en la que ya expresó su temor a que el «simple paso del tiempo» provocara la impunidad de ciertas conductas por prescripción, ya que la defensa de los exdirectores generales de Presupuesto, Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera, también ha solicitado que se eleve al Supremo la parte del caso referente a los aforados señalados por Alaya. El abogado de ambos, José María Mohedano, ha recurrido ante la Audiencia Provincial el auto en el que la jueza rechazó la petición del fiscal de separar el caso en piezas y elevar al Alto Tribunal las que correspondan. El letrado destaca en su escrito que la magistrada no se pronunció sobre este último extremo, sino sólo sobre la imposibilidad de dividir la causa, lo que a su juicio este «silencio judicial» se trata de «una incongruencia omisiva». Por ello, reclama que se subsane esta omisión y se declare que «agotada la investigación» en el juzgado de Alaya «en todo lo que es posible sin dirigir el procedimiento contra aforados procede elevar esta causa».  

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