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La Fiscalía pide cuatro años de cárcel a la mujer de Jesulín

La Fiscalía solicita diez años de prisión para Carlos Carretero, ex jefe de la Policía Local de Ubrique, y para Francisco Casto, inspector médico, a quienes señala como promotores de un plan para la obtención fraudulenta de pensiones. A María José Campanario, esposa de lJesulín de Ubrique, le pide cuatro años y medio.

el 15 sep 2009 / 17:35 h.

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La Fiscalía solicita diez años de prisión para Carlos Carretero, ex jefe de la Policía Local de Ubrique, y para Francisco Casto, inspector médico, a quienes señala como promotores de un plan para la obtención fraudulenta de pensiones. A María José Campanario, esposa del torero Jesulín de Ubrique, le pide cuatro años y medio.

Se trata de la operación denominada Karlos. A los principales encausados se les acusa de los delitos de estafa, falsedad y cohecho. La mayoría de los imputados son personas que a cambio de dinero intentaron hacerse con prestaciones públicas por minusvalías que no se correspondían con la realidad.

El escrito de calificación provisional, que ha sido remitido al juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz, acusa a 24 personas, ocho menos de las que estaban imputadas en un principio. Se ha retirado la acusación a la ex secretaria del que fuera alcalde de Jerez, Pedro Pacheco.

Los cabecillas se las ingeniaban para simular supuestas patologías ante el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), el organismo que dispensa estas prestaciones. En el caso de la madre de María José Campanario, la mujer de Jesulín de Ubrique, que llegó a pagar 18.000 euros por este servicio a Carretero, llegaron más lejos porque a la prueba definitiva ante el INSS acudió otra mujer simulando su identidad para probar que tenía un esguince cervical.

En el resumen de los hechos elaborado por el fiscal, Juan Bosco Anet, se hace un repaso exhaustivo por cada uno de los casos en los que se simulaban diferentes patologías. El modus operandi es siempre el mismo y fue el propio Carlos Carretero quien en el año 2003 lo puso en práctica consigo mismo cuando consiguió una incapacidad permanente superior a la que le correspondía por una deficiencia visual. Los papeles estaban bien repartidos. Francisco Casto, inspector médico destinado en la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades de la Junta, se encargaba de emitir informes médicos en los que falseaba la situación real de los interesados. "Su privilegiada situación en cuanto al control y tramitación de las situaciones de altas y bajas en los expedientes de incapacidad laboral podía influir de forma determinante en el reconocimiento de prestaciones a los beneficiarios", explica el fiscal.

Por su parte, Carlos Carretero se encargaba de captar a personas interesadas que no reunían los requisitos legalmente establecidos para obtener una pensión. El primer paso era facilitarles una dirección falsa que se correspondiera con las localidades que tenía asignadas Francisco Casto. Después actuaban otros dos médicos, también imputados en el procedimiento, del centro de salud de la barriada de La Paz, en Cádiz, y el hospital Santa María, en El Puerto, que concedían bajas laborales por dolencias que, según recalca el fiscal, no eran reales. Era el paso previo y necesario para que el inspector médico acreditara incapacidades permanentes por minusvalías inventadas y, en ocasiones, exageradas para hacerse con una mayor pensión.

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