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La Fiscalía pide el archivo del caso Unidad

El Ministerio Público considera que los delitos han prescrito y que "debe procederse al archivo definitivo de la causa".

el 05 jun 2012 / 15:21 h.

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La Fiscalía de Sevilla ha solicitado al juzgado que investiga las presuntas facturas falsas emitidas por la federación de asociaciones de vecinos Unidad que archive el caso por la prescripción de los delitos, ya que considera que se han superado los plazos legales establecidos entre la denuncia y la imputación.

En un escrito remitido al Juzgado de Instrucción 14, el Ministerio Fiscal indica que se adhiere parcialmente a los recursos presentados por la expresidenta de Unidad, Ángeles Nevado, y el esposo de ésta y exasesor del Grupo Socialista en Ayuntamiento y Diputación, Ángel Cervera, contra el auto de procesamiento.En el mismo, ambos imputados alegaban que el posible delito de falsedad en documento oficial había prescrito tanto por el tiempo transcurrido desde los hechos hasta que se interpuso la denuncia como por el plazo transcurrido desde la denuncia hasta la imputación.

Sin embargo, el fiscal no cree que la prescripción se haya producido por el primer motivo, sino por el segundo, ya que desde que se presentó la denuncia por parte del PP el 11 de septiembre de 2006 hasta que el juzgado imputa a Nevado transcurren 10 meses. Así, recuerda que el Código Penal establece un "plazo máximo de seis meses" desde que se interpone la denuncia hasta que el instructor dicte la resolución en la que atribuya a los imputados la participación en un hecho delictivo.

Por ello, concluye que "debe estimarse parcialmente el recurso de apelación por prescripción del delito y procederse al archivo definitivo de la causa". Además, solicita que se suspenda el plazo de presentación de calificación de los hechos hasta que la Audiencia Provincial resuelva estos recursos.

El Juzgado de Instrucción 14 ordenó el procesamiento por un delito de falsedad documental de Nevado y Cercera en un auto dictado el 15 de febrero de 2012 y en el que también mandaba a juicio a la que fuera trabajadora de la organización provincial Josefa Prados; el administrador único de la copistería 'Copyur', Juan José G.V., y la empleada de esta misma empresa María del Carmen M.N.

Asimismo, decretó el sobreseimiento de la causa para el exconcejal socialista Manuel Gómez Lobo; la extrabajadora de Unidad Susana Delgado y el que fuera asesor del Grupo municipal socialista Domingo Enrique Castaño.

 

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