La Fiscalía de Málaga ha solicitado al juzgado la declaración en calidad de imputados de los responsables de las entidades en las que se han detectado inicialmente irregularidades en la obtención de subvenciones para cursos de formación para desempleados y en la aplicación de los fondos recibidos, «así como respecto de aquellos funcionarios y responsables del organismo autonómico que otorgó las subvenciones». El ministerio público decidió esta semana remitir el caso de las presuntas irregularidades detectadas en el uso de subvenciones en cursos de formación para desempleados a un juzgado de Málaga capital para que se investigue y lleve a cabo diligencias de pruebas, al estimar el fiscal que de lo averiguado hasta ahora y con los informes policiales que existen «se desprenden indicios de responsabilidad penal». Inicialmente, se apunta a que los hechos investigados podrían constituir, presuntamente, delitos de falsedad documental, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias, según una nota informativa de la Fiscalía. El caso ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, según informaron a Europa Press fuentes judiciales, que tendrá que decidir respecto a las solicitudes de declaración y otras peticiones realizadas por el fiscal. La Fiscalía acordó en mayo de 2013 iniciar unas diligencias de investigación al recibir un informe de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en el que se aludía a presuntas irregularidades en la obtención de ayudas por parte de personas y empresas en el marco de los planes de promoción del empleo ejecutados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía. En informes posteriores se aludía a la falta de control de esas ayudas. Las diligencias y lo remitido al juzgado se ha limitado a la provincia de Málaga. El primer informe aludía a la resolución de la Dirección Provincial del SAE de diciembre de 2010, en el que se hacen públicas las subvenciones concedidas a 20 personas físicas o jurídicas, de las que en 17 se han detectado irregularidades, por un importe total de 1,72 millones de euros. Esa resolución se sitúa en el marco de ayudas del programa sobre formación profesional ocupacional con compromiso de contratación. Los investigadores indicaban que «en la mayor parte de los beneficiarios de las citadas subvenciones se producen graves incumplimientos en los requisitos que la legislación sobre subvenciones establece», sobre todo en ese compromiso de contratación, dice la Fiscalía. Otras irregularidades serían «la práctica de caza de subvenciones» por parte de algunas empresas y la falta de solvencia y experiencia en las entidades. La UDEF apuntó a presuntas irregularidades similares en otras provincias andaluzas, significándose el caso de Almería, de forma que la Fiscalía malagueña ha derivado el conocimiento de lo que afecta a esa otra provincia a la Fiscalía almeriense. Tras la petición de la Fiscalía, el consejero de Educación, Luciano Alonso, aseguró que la Junta de Andalucía «siempre» colabora con la Justicia. En una rueda de prensa en Madrid, donde ha comparecido con sus homólogos de Asturias y Canarias para hablar sobre la reforma educativa, Alonso dijo que si éste órgano ha hecho esta petición, «que la haga», para aclarar que ellos siempre colaboran.
