La Fiscalía Superior de Andalucía ha pedido dos años de cárcel, 30 de inhabilitación como magistrado y una multa de más de ocho millones de euros para el que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella (Málaga) Francisco Javier de Urquía, acusado de ofrecer favores a cambio de dinero a afectados e imputados en un caso de blanqueo de capital. El conocido como caso Hidalgo estaba siendo juzgado por Urquía, cuando el magistrado fue acusado de prevaricación.
Urquía ya estaba suspendido por el Supremo durante 21 meses por hechos similares relacionados con la trama de corrupción Malaya. Al juez se le imputan ahora dos delitos de prevaricación, por el auto irregular de nombramiento de un administrador judicial y por el dictado de las resoluciones de libertad provisional de varios imputados. La Fiscalía solicita la acusación pública por cada delito y multas de 12 meses, con cuota diaria de 100 euros e inhabilitación para empleo o cargo de juez durante 10 años.
Según el escrito de conclusiones provisionales, al que tuvo acceso Europa Press, también se le acusa de dos delitos de cohecho, pidiendo en uno de ellos dos años de prisión, multa de 60.000 euros e inhabilitación como magistrado por 10 años, multa de ocho millones de euros y suspensión de empleo o cargo público por un año.
En la misma causa, la Fiscalía también ha acusado a otras tres personas: para Igor M.L., que el fiscal considera "un amigo del juez", pide una multa de ocho millones por un delito de cohecho; y para Arnaud F.A. -también amigo-, solicita la misma multa, más dos años de prisión por dos delitos de cohecho.
La Fiscalía sostiene que el juez, "aprovechando su competencia como instructor de la causa", se puso de acuerdo con los acusados Igor y Arnaud, "con los que mantenía una estrecha amistad", para "obtener algún beneficio económico importante a cambio de ofrecer favores judiciales, conocedor De Urquía de que algunas personas afectadas por el procedimiento judicial -caso Hidalgo- eran conocidas por los otros acusados".
Según explica la acusación, el entonces juez había decretado medidas cautelares sobre bienes y el bloqueo de algunos productos financieros a empresas entre las que estaba Asesoramiento y Dirección de Hoteles, cuyo propietario preparaba una operación de venta sobre el hotel Puente Romano. "Con la finalidad de llevar a cabo el plan urdido", De Urquía dictó un auto acordando la administración judicial de algunas empresas del mismo titular. Además, "por decisión personal", estableció una comisión del 1% del valor de cualquier acto de transmisión o enajenación de los activos de las empresas intervenidas, "pese a no haber sido embargadas", situación que "podía representar un perjuicio notable para los intereses económicos" del propietario de dichas empresas, apunta el escrito.
"De hecho, la verdadera finalidad perseguida con esa resolución era la de conseguir del dueño una contraprestación económica a cambio del levantamiento o liberación de las medidas y cargas judiciales", según concluye el auto del fiscal.
